La falta de mano de obra cualificada es una de las principales preocupaciones de las empresas españolas. En la última Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad (Ebae, tercer trimestre de 2023), el Banco de España ponía cifras a esta preocupación: el 39% perciben problemas para encontrar mano de obra cualificada. La última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada en diciembre de 2023, confirmaban estos datos: en España hay 155.797 vacantes de empleo sin cubrir, el máximo desde que hay registros al respecto, que comienzan en 2013.Las razones son complejas y responden, principalmente, a los grandes cambios en los que la sociedad española está inmersa, que afectan tanto al lado de la oferta como de la demanda. Desde el lado de la oferta, asistimos al envejecimiento creciente de la población activa, que está dando como resultado la jubilación de un gran número de personas y provoca, por lo tanto, una fuerte demanda de sustitución.
Desde el lado de la demanda, las empresas necesitan de nuevos requisitos competenciales y perfiles profesionales técnicos que cuenten, además, con capacidades transversales, las denominadas soft skills, como son la toma de decisiones o la capacidad de interacción entre equipos, entre otras. A todo ello hay que añadir los rápidos avances en digitalización y automatización de procesos, que están redefiniendo la relación entre el trabajador y las herramientas de trabajo, o la incorporación de la sostenibilidad medioambiental en prácticamente todas las actividades profesionales.
Esta transformación demográfica, tecnológica y competencial pone de manifiesto la importancia de repensar y acelerar el cambio en los sistemas educativos para adaptarse a las necesidades sociolaborales actuales.
Mientras que las empresas insisten en la dificultad de contratación de personal cualificado, los datos de desempleo juvenil continúan siendo inadmisibles para cualquier país avanzado. Tras Grecia, España se sitúa a la cabeza de la tasa de paro juvenil en Europa, con casi un 28% de jóvenes desempleados menores de 25 años a finales de 2023. Estas cifras representan una auténtica anomalía estructural y uno de los principales problemas de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos tener tanta gente sin trabajo y tanto trabajo sin gente?
La velocidad y profundidad de estas transformaciones hace urgente la adaptación de un sistema educativo que incorpore y ofrezca de forma integral las competencias necesarias para poder responder a la nueva realidad. Toda sociedad avanzada debe crear una interconexión sólida entre el sistema educativo y el mundo empresarial.
En este sentido, existe un consenso generalizado sobre la importancia de la Formación Profesional (FP) como sistema formativo capaz de dar respuesta a las necesidades crecientes sociolaborales del país. Los datos disponibles no dan lugar a dudas: entre hoy y 2030, los nuevos puestos de trabajo que se creen en España requerirán de un 65% de profesionales con cualificaciones medias – Formación Profesional – y un 35% con altas – correspondientes a estudios universitarios o de FP de Grado Superior, según la proyección sobre el futuro del empleo Skills Forecast, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop).
Actualmente, el modelo de cualificación en España presenta ciertas características que nos pueden ayudar a entender el desequilibrio laboral y educativo de nuestro país. Por una parte, existe un alto nivel de sobrecualificación – personas ocupadas con estudios superiores para la ocupación que ejercen. Existe, también, un número elevado de personas empleadas sin titulación profesional acreditada. Al mismo tiempo, hay una escasez de personas con cualificaciones intermedias (FP de Grado Medio), sobre todo en sectores tecnológicos e industriales.
Resulta paradójico que, a pesar de la contundencia de los datos, la Formación Profesional ha sido relegada tradicionalmente a un papel secundario en el ámbito educativo. Se continúa priorizando el crecimiento cuantitativo de titulaciones por encima de la adaptación a las nuevas necesidades productivas y conocimientos técnicos. Se observan, sin embargo, ciertas mejoras que, aunque lentas, van en la buena dirección.
En este sentido, es importante destacar la necesidad de una buena orientación pedagógica en edades tempranas. El estudiante debe recibir un apoyo estructurado y personalizado en el que participen equipos de psicopedagogos, orientadores educativos y orientadores profesionales junto a los tutores y el resto del equipo docente. Se trata de integrar la orientación dentro del proceso continuo de aprendizaje continuo para que el estudiante conozca las múltiples oportunidades formativas que ofrece el sistema.
La demanda de FP no ha parado de aumentar en los últimos años. Durante el curso 2021-2022, superaba por primera vez el millón de estudiantes (1.027.367), casi 250.000 más que cuatro años atrás (791.385 alumnos de FP durante el curso 2016-2017). Para el curso actual (2022-2023), el aumento respecto al año anterior ha sido del 5,6%, según el informe Datos y Cifras. Curso escolar 2022-23, publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD).
La FP es la enseñanza que más crece en número de estudiantes matriculados. Es un dato ciertamente positivo, puesto que puede ayudar a corregir la anomalía estructural de los altos índices de desempleo juvenil y falta de personal cualificado en aquellos sectores altamente demandados. Los países con programas de FP bien asentados son los más efectivos contra el desempleo juvenil, como se desprende del informe Panorama de la Educación 2017 de la OCDE.
En marzo de 2022, el gobierno aprobaba la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la Formación Profesional, conscientes de la urgencia de "duplicar con rapidez el número de personas con formación intermedia para poder responder a las necesidades del sistema productivo". La Ley reconoce "la necesidad de introducir con urgencia en el mundo del trabajo de nuestro país un mecanismo que ayude a aproximar demanda y oferta de empleo".
En este sentido, la Ley incorpora un aspecto que puede ser determinante para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas del país: el carácter dual de toda la Formación Profesional. Con la nueva Ley 2022, la modalidad dual ha pasado a formar parte nuclear del sistema de Formación Profesional, puesto que otorga carácter dual a todo el sistema de Formación Profesional, dividido en cinco grados (A, B, C, D, E), siendo los grados C y D obligatoriamente duales.
La FP Dual, clave para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral
La modalidad dual de la Formación Profesional presenta unas características que la hacen particularmente atractiva para dar respuesta a las necesidades sociolaborales del país:
- Constituye un itinerario de formación de calidad en la que el alumnado desarrolla competencias técnicas en contextos de actuación profesional real. Se combina la cualificación con la profesionalización, proporcionando una sólida experiencia al alumnado que la cursa.
- Refuerza la motivación intrínseca y la autoestima académica y profesional del alumnado y se potencian las competencias transversales, que se adquieren mucho mejor en un entorno laboral real que en un aula. Todos los datos indican que esta motivación disminuye las tasas de abandono escolar.
- Optimiza la interrelación de tres agentes: alumnado, centro educativo y empresa. Se fortalece una cultura de la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo en un territorio. La empresa, como agente de especialización propio, adquiere un rol formativo en colaboración con el centro educativo.
El sistema dual de formación constituye una de las mejores vías de transición entre la formación y el empleo, por lo que su fomento debería ser una cuestión prioritaria en cualquier estrategia educativa y laboral de país. Todas las cifras proporcionadas por Ministerio Ministerio de Educación y Formación Profesional indican que la FP Dual tiene un porcentaje de inserción laboral más alto que la FP tradicional. La Ley Orgánica de 2022 va, por lo tanto, en la buena dirección.
Existen datos para cierto optimismo moderado. La matriculación en FP Dual no ha parado de aumentar en los últimos años, un 15% desde 2019, según los datos del Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza (2022). De los 20.357 estudiantes que cursaron la FP Dual durante el curso 2016-2017 hemos pasado a 45.612 en el curso 2021-2022, más del doble en tan solo cuatro años.
La otra cara de la moneda la encontramos en las cifras relativas: apenas el 4,4% del alumnado que cursa la FP lo hace en su modalidad dual. Es ciertamente un aumento sostenido y continuado en el tiempo, pero aún muy bajo si lo comparamos con Alemania, donde los estudiantes de la modalidad dual representan el 60% y cuyos efectos en la inserción laboral son más que evidentes: el desempleo juvenil apenas llega al 6%.
Con la Ley de 2022, nuestro país ha empezado el camino para concebir la modalidad dual como opción estratégica y necesaria en la Formación Profesional. La nueva ley debe representar la palanca definitiva para que todos los agentes involucrados – gobiernos, empresas, patronal, sindicatos, centros educativos, profesorado y alumnado – hagan de la FP Dual una opción educativa de calidad y adaptada a los nuevos tiempos. En los próximos años, el papel de las comunidades autónomas será crucial para desarrollar la Ley e incorporar sus preceptos de manera eficaz, con la adopción de una estrategia de luces largas y con la vista puesta en la creación de empleo estable y de calidad.
La adaptación de la oferta formativa a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales descritos anteriormente es crucial para evitar cronificar la situación de desequilibrio estructural entre la oferta formativa y las demandas laborales de nuestra sociedad. La Formación Profesional y su modalidad dual son el mejor modo de ajustar este desequilibrio, puesto que corrige los desajustes entre oferta y demanda, aumenta la empleabilidad y las perspectivas de futuro para los jóvenes. La FP Dual es, sin duda, la opción aliada para el progreso social y económico del país.
