10 puntos claves de la nueva ley universitaria

El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), promovido por el ministro Joan Subirats, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros recientemente tras un proceso de consulta y debate con diferentes agentes, según ha informado el Ministerio de Universidades.
 
El nuevo texto ha sido remitido al Congreso de Diputados, donde ha iniciado su tramitación parlamentaria. Para salir adelante e implementarse, necesitará una mayoría absoluta de apoyos, ya que se trata de una norma orgánica que derogará la ley aprobada en 2001 por el Gobierno de José María Aznar.
 
"Es una ley que ofrece a las universidades las herramientas para que puedan adaptarse a este cambio de época", ha indicado Subirats durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según un comunicado del Ministerio de Universidades. "Necesitamos una ley para los próximos 20 años que sea capaz de responder a las necesidades actuales que demanda la sociedad".
 
El nuevo texto plantea cambios claves con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos en el sistema universitario:
 

• Impulsar una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada
• Promover una Universidad que produzca conocimiento, que esté al servicio de la sociedad y contribuya al desarrollo sostenible.
• Garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario sean adecuados y suficientes para el cumplimiento de sus funciones
• Asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa.

 
Para alcanzar estos fines, el anteproyecto de ley plantea modificaciones y nuevas estrategias en el sistema universitario, entre las que destacan los siguientes…
 

1. La Universidad, más dirigida a la formación a lo largo de la vida

Uno de los principales cambios de la ley está enfocado a que las universidades se dirijan a personas de todas las edades para dar respuesta a sus necesidades de formación durante toda su vida, especialmente debido a que el mercado laboral exige cada vez más que las personas se formen y adquieran competencias continuamente.
 
Para que la Universidad sea "una institución clave para el desarrollo económico y social justo y sostenible", la ley "desarrollará un modelo académico que asegure una formación integral avanzada y amplia y el desarrollo de habilidades personales y profesionales para acceder a un empleo de calidad", indica la nueva norma.
 
De hecho, el texto reconoce, por primera vez, la posibilidad de implementar "modalidades innovadoras de organización de las enseñanzas, como los itinerarios abiertos o las menciones duales", y se fomentará "la formación a lo largo de la vida a través de la Universidad". Por ello, se ofrecerán titulaciones en modalidades diversas, como las microcredenciales, los microgrados y otros programas de corta duración que tendrán reconocimiento académico.
 

2. Se fomenta la internacionalización en todas sus vertientes

La nueva ley hace hincapié en fomentar la internacionalización de la Universidad en diversos ámbitos, por ello establece que las administraciones de las comunidades autónomas y las propias universidades deberán elaborar de estrategias de internacionalización concretas. En esta línea, se promoverá la creación de alianzas interuniversitarias y la participación en proyectos de carácter internacional, supranacional y euro regional.
 
Por otra parte, la nueva norma impulsa la movilidad del conjunto de la comunidad universitaria, especialmente del personal docente e investigador, que ahora tendrá que realizar estancias académicas nacionales e internacionales como requisito para acceder a plazas de profesorado permanente.
 
Además, como parte del impulso a la internacionalización, la ley plantea que se eliminen los obstáculos para la atracción de talento internacional, agilizando los procedimientos de reconocimiento y homologación de títulos, de admisión en las universidades o de carácter migratorio.
 
La nueva norma también plantea modificar la figura del profesorado visitante y crear la de profesorado distinguido, dirigida a la captación de talento internacional. Esto responde a la necesidad de tener personal docente e investigador de otros países, ya que actualmente solo el 2,2% del total del profesorado es de origen extranjero.
 

3. Se invertirá más en la investigación

Dado que uno de los objetivos de la ley está relacionado con impulsar a la Universidad como productora de conocimiento, se establece la obligación de que las universidades, sean públicas o privadas, destinen un mínimo del 5% de su presupuesto a la investigación.
 
Además, el personal docente e investigador tendrá que desarrollar su actividad en tres ámbitos: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. En este sentido, la norma plantea "una horquilla mínima y máxima del régimen de dedicación docente de todo el profesorado".
 

4. Más financiación para las universidades

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece el compromiso de mejorar la financiación pública destinada a las universidades fijando un gasto mínimo del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
 
"Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008", explica el Ministerio.
 

5. Más estabilidad laboral para el profesorado

El nuevo texto plantea que las condiciones laborales del profesorado asociado mejorarán, ya que sus plazas temporales se convertirán en indefinidas, lo que beneficiará a más de 25.000 docentes asociados y supondrá una reducción de la temporalidad del sistema, según un comunicado del Ministerio de Universidades.
 
En este sentido, la nueva ley establece que se reducirá del 40% al 8% el máximo de contratos de carácter temporal del personal docente e investigador (PDI). También se modifica la figura del docente asociado, que ahora verá limitadas sus horas de docencia a solo 120.
 
Por otra parte, se introducirán otras medidas para que el profesorado temporal acceda y tenga oportunidades de promoción en su carrera, como, por ejemplo: reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a ayudante a doctor, o fomentar contratos predoctorales para quienes deseen incorporarse a la carrera académica.
 
Esta estabilización laboral del personal docente e investigador conlleva la mejora de sus condiciones laborales, "garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros", indica el Ministerio mediante un comunicado.
 

6. La carrera académica docente será más corta  

El texto de la nueva norma sostiene que el sistema universitario español cuenta con una plantilla docente envejecida, en especial en las categorías de profesor/a titular y catedrático/a. Al respecto, el Ministerio señala que el 53,5% del profesorado permanente actual habrá alcanzado la edad de jubilación para el curso 2030-2031 y que solo 1,5% tiene menos de 40 años.
 
Ante esta situación, la nueva ley establece que la carrera académica docente conste de tres etapas en lugar de las cuatro de la Ley Orgánica de Universidades (LOU): acceso, estabilización y promoción. Así, desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán 10 años, lo que contribuirá a que la plantilla universitaria se rejuvenezca.
 
"El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU), eliminando la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público. Con ello se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional", explica el Ministerio de Universidades.
 
Una vez que pasen los 6 años de Ayudante Doctor, se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o Permanente Laboral, que se conseguirá mediante acreditación pertinente y unas oposiciones. Finalmente, la figura de promoción será la de catedrático o catedrática.
 

7. El 55% del personal docente universitario deberá ser funcionario

El profesorado funcionario de las universidades deberá ser como mínimo el 55% del total de personal docente e investigador de la universidad. En este cómputo no entran los docentes que no impartan clases en asignaturas de títulos oficiales, ni el personal de institutos de investigación adscritos a la universidad y las escuelas de doctorado.
 
Por otra parte, el personal funcionario de un cuerpo docente universitario y el personal docente e investigador contratado a tiempo completo en una universidad pública "no podrá ser profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza adscritos a universidades".
 

8. Para ser rector o rectora bastará con ser profesor o profesora

Para ser rector o rectora, ya no será necesario ser catedrático o catedrática, como ha sido hasta ahora.
 
La nueva ley indica que para postularse se requerirá tener 15 años como docente, un mínimo de 18 años de investigación y cuatro años de experiencia de gestión universitaria. Por otro lado, este cargo tendrá una vigencia de 6 años en lugar de 4, y no será posible la reelección.
 

9. Los órganos de gobierno de la Universidad deberán tener un 25% de representación estudiantil

Con la nueva norma se aumenta la representación del estudiantado en determinados órganos de gobierno de la universidad. "Su participación en los órganos de gobierno de la universidad como el Claustro o los Consejos de Facultad o Departamento alcanza en la LOSU un mínimo del 25% cuando en la LOU no se asegura ningún porcentaje", explica el Ministerio de Universidades en un comunicado.
 
Además, se incorpora el estatuto del estudiantado a la nueva ley y se amplía el catálogo de derechos y deberes que hasta ahora venía recogido en una norma reglamentaria.   
 
Asimismo, se prevé que cada universidad cuente con un consejo de estudiantes propio y que se fomente la participación estudiantil y el reconocimiento de créditos académicos por su implicación en actividades universitarias.
 

10. El alumnado tendrá derecho a paro académico

La nueva ley reconoce por primera vez el derecho al paro académico para los estudiantes; sin embargo, las universidades desarrollarán las condiciones para el ejercicio de dicho derecho y el procedimiento para llevarlo a cabo.
 
Ahora bien, el paro académico será efectuado por el órgano de representación del estudiantado y no se podrá realizar en fechas señaladas para la evaluación