El Anteproyecto pretende un sistema de formación profesional único e integrado donde se definan las competencias profesionales del mercado laboral, se asegure una oferta de formación adecuada y que supere la actual organización en dos sistemas diferenciados, la Formación Profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo, hasta ahora gestionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.En términos generales, desde AEGEF valoramos positivamente esta iniciativa de modernización en tanto que actualiza el sistema de FP, describe un sistema innovador, flexible, que responda a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecue a las necesidades del mercado laboral, así como los objetivos y fines que persigue dicho proyecto de reforma, sobre todo a la hora de ofrecer el acceso a una formación profesional de calidad y mejorar la competitividad y productividad en las empresas.
Sin embargo, se debe llevar a cabo un consenso entre todos los actores implicados para que nadie salga perjudicado, puesto que todos tenemos cabida en este nuevo sistema.
El anteproyecto mejora el sistema actual de la formación profesional en varios aspectos que enumeramos a continuación:
- Creación de microformaciones acreditables con la posibilidad de ir ampliándose.
- Corresponsabilidad formativa de la empresa y el refuerzo de la conexión entre el mundo empresarial y el mundo educativo.
- Formación dual avanzada, con remuneración y contratación laboral.
- Definición de las figuras del tutor dual del centro de formación y de empresa.
- Alineación con las políticas de competencias y Formación Profesional de la Unión Europea.
- Apuesta por la internacionalización.
- Promoción de la innovación, el emprendimiento y la investigación.
- Relación con el entorno universitario.
- Creación del Registro Estatal de Formación Profesional y el Registro de acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales o informales. En este aspecto, se debería contar con la red de centros privada para alcanzar el objetivo de acreditaciones fijado, puesto que se cuenta con capacidad para tal fin.
- Reducción de la proporción de población que posee un nivel bajo de cualificación y aumentar la proporción de quienes poseen cualificaciones intermedias y altas.
- Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, lucha contra la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y atención de las necesidades especiales de colectivos con dificultades de inserción social y laboral.
Retos pendientes del anteproyecto de FP
Pero, por otro lado, quedan bastantes retos pendientes que deben tenerse en cuenta y que deben abordarse como son los siguientes:Homogeneidad regulatoria de las comunidades autónomas
En un contexto competencial en el que las comunidades autónomas contarán con una alta autonomía, entendemos que es imprescindible que la LOFP vele por la implementación de procedimientos, criterios y regulaciones similares o idénticas en el conjunto del estado que permitan que tanto la gestión como la impartición de las formaciones se pueda realizar de un modo homogéneo y unificado.
Mayor visibilidad a la formación virtual u online
Creemos necesario que se incorpore con mayor claridad y reiteración a las modalidades semipresencial, online y virtual, y puedan identificarse más adecuadamente en los distintos ítems las implicaciones o consideraciones en los despliegues que conllevan estas modalidades.
Mayor importancia a los Certificados de Profesionalidad
Entendemos que la visibilidad de los certificados de profesionalidad y su concreción en el texto deben ser mucho más relevantes.
En la regulación hay un predominio de la información relacionada o alineada con las titulaciones gestionadas tradicionalmente en el ámbito de educación.
Aunque las titulaciones gestionadas tradicionalmente en el ámbito de empleo también quedan recogidas en la LOFP (tipologías A-B-C), entendemos que ocupan un lugar secundario del texto que se manifiesta, a diferencia de los ciclos formativos, en una escasa concreción de los detalles y alcance de dichas tipologías (y en particular de la C, certificados de profesionalidad), así como en la exclusión de la terminología de éstos en el propio texto.
Análisis exhaustivo de la terminología
La nomenclatura de los Grados (A, B, C, D y E) puede resultar equívoca con
los Grados Básico, Medio y Superior, así como con los Grados Universitarios; por tanto, sería conveniente buscar otro término que no generase confusión.
Eliminar la necesidad para impartir formación on line de contar con las mismas enseñanzas en modalidad presencial y grupos en funcionamiento en modalidad presencial de las mismas especialidades o familias profesionales.
Entendemos que esta cuestión no responde a cuestiones de capacidad ni de solvencia formativa.
En este sentido, los últimos dos años han supuesto la constatación de que existe un sector altamente competitivo, consolidado y preparado para hacer frente a la formación de cualquier tipología o modalidad.
Y en sentido contrario, el hecho de contar con aulas o espacios presenciales acreditados no capacita a ninguna entidad para hacer una buena formación en modalidades virtuales.
Obligación de adscripción de los centros privados a un centro público
No hay gran detalle de esta cuestión y de lo que ello implica salvo para la expedición de los distintos certificados de la formación y que parece que es requisito imprescindible -la adscripción- para poder impartir formación profesional.
Esto implica la intervención de un nuevo agente -inexistente hasta ahora- cuya acción va a afectar a cuestiones como los tiempos, el acometimiento de nuevas gestiones, nuevos marcos regulatorios y de control…
Entendemos que sería necesario justificar la intervención de estos centros y su papel y aportación de valor como "administradores" de las entidades privadas, dando por hecho que la adscripción será en todo caso un trámite administrativo y que no generará obligaciones particulares adicionales.
Registros de entidades
La creación de dos registros de entidades dentro de una Ley "única", que pretende constituir un nuevo modelo "integrador", no favorece la consecución de dicho modelo, no debiéndose olvidar que además existe un tercer registro perteneciente al Servicio de Empleo Público Estatal y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, del cual depende el catálogo de especialidades.
Consideramos que debería crearse un Registro Central de entidades y centros autorizados para impartir ofertas del sistema de formación profesional.
Se debería especificar que los centros homologados por la autoridad laboral pasarían de manera automática a formar parte de este registro, sin necesidad de acudir a una nueva acreditación u homologación.
Profesorado y formadores
Existe en el anteproyecto de Ley una diferenciación entre el profesorado de Formación Profesional del sistema educativo y el profesorado y formadores no pertenecientes al sistema educativo.
Asimismo, en ninguno de los dos supuestos se determina la experiencia profesional exigible, ni tampoco se llega a intuir que vaya a ser un requisito que debe ser planteado esencialmente como mejora del texto actual.
Sería conveniente realizar un esfuerzo por modernizar la profesionalidad de formadores y docentes, pudiéndose incluso articular estancias formativas en empresas. En caso contrario, la selección y formación de los profesores seguirá teniendo un elevado componente academicista, primando los conocimientos y los títulos sobre las competencias y experiencia profesional.
Regulación adicional específica
Por ser temas de calado, todos ellos serán susceptibles de una regulación adicional detallada en este sentido, y en aras de no repetir experiencias negativas pasadas, será necesario un esfuerzo de adecuación y practicidad importantes para trasladar a la realidad el espíritu de lo recogido en la LOFP.
Y no sólo trasladarlo, sino hacerlo en unos tiempos lo más ajustados posibles que permitan la continuidad de las iniciativas de formación que se desarrollan en la actualidad sin que se generen parones o vacíos legales que tarden meses u años en cubrirse con las respectivas regulaciones en desarrollo.
Una Ley Orgánica de estas características se convierte en crucial y fundamental para todo el nuevo sistema productivo, ya que es una ley de futuro adaptada a los nuevos yacimientos de empleo y a la nueva economía digital, respetando los principios de igualdad, sostenibilidad, inclusión social y la libre circulación de trabajadores.
Los desafíos para centros educativos y empresas
Según han establecido desde el Gobierno, toda la Formación Profesional será de carácter Dual y estará dividida en dos tipos: general y avanzada. En cuanto a la general, ofrecerá la posibilidad de realizar prácticas en empresa entre el 25% y el 35% de las horas. Por lo que respecta a la avanzada, las prácticas podrán abarcar entre el 35% y el 50% de las horas.Así pues, se pretende dar un mayor peso a la combinación entre teoría y práctica, algo crucial a la hora de desempeñar una labor profesional.
Partiendo de esta base, consideramos fundamental y prioritario definir el papel de las empresas, ya que tendrán una implicación y una participación muy activa. Pero será preciso diseñar bien este aspecto, puesto que el tejido empresarial debe sentirse copartícipe de los contenidos y, especialmente, del aprendizaje práctico de las personas. Esa es la única forma de comprometer a la empresa y de que, finalmente, la FP consiga el prestigio social esperado.
La orientación, "primordial"
Confiamos en que la información y orientación sea primordial en la nueva Ley de FP y se conviertan en un instrumento esencial para entender la importancia de la orientación laboral a lo largo de la vida, una orientación que vincule el ámbito educativo con el laboral y el desarrollo profesional. Una orientación en la que se puedan llevar a cabo propuestas de trabajo en equipo entre los centros de formación, los distintos servicios de orientación públicos y las empresas.Por tanto, consideramos que la información y orientación deben convertirse en piezas claves para el apoyo a las personas en su desarrollo profesional, ya que la orientación laboral puede y debe servir para ajustar la oferta formativa y las actividades de las políticas de empleo a las personas.
