Asistimos a una de las épocas más propicias para el renacer de la Formación Profesional (FP) en España. Estamos a las puertas de una Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, precedida por una serie de medidas inusuales. Solo en los dos últimos años contamos con un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un Plan de modernización de la FP y la Alianza de país para la consolidación de la nueva FP. Una de las 10 políticas clave del primero de estos planes promueve la "educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades", a la que destina 7.317 millones de euros, un 10,5% del total. El segundo plan dota a esta vertiente educativa con 1.500 millones de euros y prevé la ampliación de 200.000 plazas de FP hasta 2023. La Alianza, a su vez, ha conseguido unir a más de medio centenar de grandes y medianas empresas, organizaciones sindicales y entidades sociales en pro del desarrollo de la FP.Este estímulo de la FP en nuestro país viene impulsado por la Unión Europea, para quien es un elemento clave de los sistemas de aprendizaje permanente, que dota a la ciudadanía de las competencias requeridas por el mercado laboral de la Revolución 4.0. La estrategia europea destinada a mejorar el rendimiento, la calidad y el atractivo de la FP se concreta en la reciente Recomendación del Consejo sobre la educación y formación profesionales para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (2020/C 417/01), que aconseja sustentar la FP en una cultura de garantía de calidad - EQAVET -.
Desafío de la Ley
Los estudios realizados por nuestro equipo de investigación en torno al Diagnóstico de la investigación sobre FP y sus Retos y estrategias de acción, a partir del Mapa de conocimiento de las investigaciones, evidencian que el futuro presente de la FP en España, sobre todo tras el COVID-19, demandan potenciar un sistema de desarrollo de esta vertiente educativa, basado en la investigación e innovación como motor de desarrollo y equidad, que permita encontrar nuevas respuestas a uno de los principales desafíos de la sociedad española.
Una Ley tan ambiciosa como la del anteproyecto a debate, que reordena completamente el sistema de FP y trata de integrar sus subsistemas, ha de reconstruir su realidad mediante investigación y orientación, para obtener evidencias de qué se hace, cómo se ejecuta, dónde se desarrolla, para qué se actúa y de qué forma mejorar las prácticas habituales, inoculando ciencia en el arte de formar aprendices. Un proceso que dentro de un ecosistema de la IFPE implica creer y crear, para hacer crecer la FP en España, a través de la difusión del conocimiento y transferencia de los resultados de la investigación.
Ya que la función de ésta apenas es considerada en el Título VIII de la Ley, quizás lo más conveniente sea concentrar los esfuerzos en desarrollar el Título X sobre "Evaluación y calidad del sistema de Formación Profesional", dado que según el texto legal "la Administración General del Estado establecerá y coordinará un sistema de evaluación del sistema de formación profesional para asegurar su mejora e innovación continuas, en colaboración con las Administraciones con competencia en la materia" (Art. 110.3). Estas a su vez "deberán garantizar la calidad de todas las acciones y servicios del sistema de formación profesional, en especial la orientación profesional, la formación impartida en todos sus entornos de aprendizaje y en todos sus tipos, y la acreditación de competencias" (Art. 110.2).
Ruta a seguir
La manera de proceder en buena medida está esbozado en la citada Recomendación del Consejo, que sobre el papel es asumida por el anteproyecto de la Ley: "la evaluación de la calidad de la formación profesional del sistema de formación profesional se realizará con arreglo a los indicadores establecidos en el Marco Europeo de Garantía de Calidad -EQAVET-" (Art. 109.1).
Tiene la ventaja de que sus descriptores indicativos, estructurados por fases del ciclo de calidad (Planificación > Implantación > Evaluación > Revisión), pueden aplicarse tanto a la FP inicial como a la continua, así como a todos los entornos de aprendizaje: enseñanza impartida en centros educativos y formación en el trabajo, incluido el sistema de FP Dual. Además, a estas cuatro fases acompañan a buena parte de los doce retos de la investigación sobre FP, identificados y contrastados por los expertos en el tema. De acuerdo al Anexo II "A" de dicha Recomendación del Consejo:
A) La planificación habrá de reflejar una visión estratégica de objetivos, acciones e indicadores explícitos o criterios de éxito, compartida por los interlocutores sociales y agentes implicados.
En continua consulta con ellos, será necesario fijar y supervisar mediante criterios de éxito objetivos a medio y largo plazo, ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas explícitas de las acciones a desarrollar, así como diseñar programas pertinentes encaminados a su logro, que faciliten itinerarios flexibles de aprendizaje, acordes a las necesidades cambiantes de la sociedad.
Se han de establecer asimismo mecanismos y procedimientos para determinar las necesidades sociolaborales de formación y para garantizar la calidad del diseño, la evaluación, la certificación y la revisión de las cualificaciones, al tiempo que se asignan claramente responsabilidades gestoras de la calidad.
Además, será preciso diseñar una política de información, para garantizar una divulgación adecuada de los resultados o logros en materia de calidad, sujeta a los requisitos nacionales o regionales de protección de datos.
B) La implantación de proyectos requerirá establecer, en cooperación con interlocutores sociales, proveedores de FP y agentes implicados en los distintos niveles, un marco de garantía de calidad y los recursos adecuados para alcanzar las metas fijadas, la capacitación de los usuarios y las directrices e instrumentos necesarios de soporte.
El marco nacional y/o regionales de garantía de la calidad deberá incluir directrices y estándares de calidad para los proveedores de FP, a fin de fomentar la mejora permanente y la autorregulación. Sus responsabilidades ha de ser transparentes y estar claramente descritas.
Los proyectos han de incluir un plan estratégico de desarrollo de las competencias del personal implicado, apoyo específico a la preparación de los mismos y cooperación con las partes interesadas externas en la mejora de la calidad y del rendimiento.
C) La evaluación interna y externa del sistema, según proceda, ha de contar con la participación de las partes implicadas en el proceso de supervisión y realizarse con arreglo a reglamentaciones y marcos nacional y/o regionales para la mejora y aseguramiento de la calidad y acordes a las necesidades del sector y/o a la iniciativa de los proveedores de FP.
Deberá comprender procesos y resultados o logros en materia de formación, incluida la valoración de la satisfacción del alumnado, así como el rendimiento y la satisfacción del personal implicado.
Ha de contar con metodologías adecuadas para la recogida de datos - indicadores, criterios de medición, etc.- y proceder a su recolección de manera periódica, sistemática y coherente, para determinar los logros alcanzados y los ámbitos donde introducir mejoras, contando además con sistemas de alerta temprana.
El mismo Anexo II de la Recomendación del Consejo, que venimos comentando, propone en su apartado "B" diez indicadores generales de garantía de calidad, que ojalá se utilicen, para contribuir a la evaluación y mejora de la calidad de nuestro sistema de FP.
D) La revisión de los resultados o logros del proceso de evaluación deberá realizarse en colaboración con los agentes implicados, de acuerdo a procedimientos, mecanismos e instrumentos prefijados, tendentes a mejorar la calidad de la prestación en todos los niveles y establecer planes de acción adecuados a los mismos.
Se ha de recabar información de retorno entre el alumnado sobre su experiencia de aprendizaje individual y acerca del entorno de enseñanza y de aprendizaje. Esta información, junto con las valoraciones de los profesores, formadores y todas las demás partes interesadas, deberá utilizarse como fuente de generación de nuevas iniciativas.
Será preciso poner a disposición pública la información sobre los resultados de las evaluaciones, otorgándole una amplia difusión. Los procedimientos sobre el suministro de información de retorno y revisión deben formar parte de un proceso estratégico de aprendizaje en la organización, apoyar el desarrollo de prestaciones de alta calidad y en último término mejorar el desarrollo del alumnado en particular y la sociedad en general.
El camino a seguir resultará más fructífero, si se cuenta además con la valiosa aportación de casi 700 estudios (tesis doctorales, artículos científicos e informes de investigación) recogidos en el Mapa de conocimiento de las investigaciones sobre FPI de España (2005-2020). Y, por favor, hagamos caso al poeta en aquello de "Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas" (Antonio Machado). Paciencia revolucionaria.
