Llevamos ya varias décadas instalados en un largo período de transición de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, en la que las políticas educativas deberían dirigirse principalmente a desarrollar las capacidades de la ciudadanía para afrontar y liderar los profundos cambios, tecnológicos, económicos, sociales y culturales que se están produciendo.La cuestión clave reside en generar los consensos más amplios posibles sobre las reformas que requiere el edificio del sistema educativo que se ha ido construyendo en el tiempo para abordar los nuevos retos.
La estrategia de la LOMLOE ha sido la de los pequeños retoques sin abordar los grandes retos de futuro, seguramente ante la perspectiva de la dificultad de construir un amplio consenso de país entorno de la ley, debido al clima de crispación política que el sistema de partidos adopta para afrontar las incertidumbres del presente, cuando seguramente, sería necesario totalmente lo contrario, proponer grandes consensos sobre las cuestiones básicas que consolidarán los pilares fundamentales de la sociedad del futuro para asegurar el bienestar de la población.
La aportación de la LOMLOE reside en la incorporación de pequeños cambios a una norma excesivamente reglamentista característica de la tradición legislativa española, que pretende dotar de mayor flexibilidad al conjunto del edificio educativo. Su valor se constatará si resiste los embates de las dinámicas de transformación social, económica, tecnológica y cultural que vivimos. Es una ley pensada para facilitar la gestión educativa, dejando para regulaciones posteriores o en manos del día a día de las decisiones de los actores cuestiones en las que la rigidez de la ley anterior generaba tensiones. Además, incorpora un lenguaje actualizado de los grandes valores ampliamente aceptados socialmente que deberían presidir cualquier actuación educativa en los tiempos actuales.
Puede ser que esa estrategia flexibilizadora le augure larga vida, más allá de las crispaciones o la virulencia con la que algunos sectores de la oposición han celebrado su aprobación. Con la ley en la mano seguramente es posible implementar políticas en sentidos muy divergentes, incluso algunas de las reivindicaciones que argumenta la oposición. El tiempo dirá, pero la incógnita queda abierta para comprobar si ha sido suficiente para abordar las encrucijadas del futuro. Y ahí reside la oportunidad. Dependerá en buena medida del acierto en su desarrollo y despliegue normativo y en las decisiones que se tomen en la gestión diaria.
El envejecimiento de la población, si el coronavirus lo permite, la globalización, las innovaciones tecnológicas y científicas, la reorganización de los sistemas productivos y de la organización del trabajo, van a requerir profundas reorientaciones de las políticas educativas. El país va a necesitar una ciudadanía capaz de dirigir estas transformaciones hacia una organización social que facilite un mayor bienestar para las personas, y ello requiere no solamente una ciudadanía que pueda entender su mundo, sino también que lo sepa transformar.
Asimismo, el país va a necesitar que toda la población adquiera las competencias básicas, reduciendo drásticamente los abandonos prematuros del sistema educativo; que actualice sus competencias profesionales a lo largo de toda su vida activa; que disponga de los recursos necesarios para transitar en la sociedad digital; que sea capaz de convivir pacíficamente en sociedades altamente multiculturales e heterogéneas; que disponga de las herramientas cognitivas y culturales para entender y vivir la complejidad creciente de la sociedad globalizada en la que vamos a vivir, con un mínimo de seguridades materiales y emocionales que reduzcan el estrés y las tensiones que produce la velocidad de los cambios.
¿Todo ello será posible con esta ley? Mucho me temo que no, pero ante las dificultades de tal reto, quizás sea aún demasiado pronto para construir los consensos necesarios que se requieren para una operación de este tipo. Quizás es pedir demasiado y sea más oportuno avanzar desde el terreno, mediante las prácticas educativas innovadoras que vayan desbrozando el camino y vayan consolidando los cimientos del nuevo edificio educativo. Si esa ley lo facilita, bienvenida sea, si no, se convertirá en un estorbo.
Cinco cuestiones me preocupan a corto plazo. ¿Cómo reducir el abandono prematuro? ¿Cómo preparar las escuelas para la era digital? ¿Cómo asegurar una transición más ordenada de la escuela al mercado de trabajo? ¿Cómo recualificar a la gran mayoría de la población? ¿Cómo atraer a la educación los mejores profesionales y docentes?. Esos cinco temas merecen el despliegue de unos respectivos planes de acción que encaminen los recursos necesarios y las orientaciones oportunas para que sus efectos se constaten lo más rápido posible en el quehacer educativo diario. Vamos tarde y el tiempo apremia.
Si la flexibilización que aporta la LOMLOE y el compromiso de recursos del 5% del PIB facilitan la generación de un amplio proceso de innovación educativa que con la participación de todos los agentes educativos vaya reorientando las prácticas educativas hacia mejores resultados, la estrategia de los pequeños pasos habrá sido acertada. En ese sentido me inclino más por aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva ley para fortalecer las políticas educativas y la movilización de los agentes educativos. Pero para ello continuará siendo necesario atizar el debate y la libertad de experimentación sobre los grandes retos que hay planteados para acertar en las soluciones y para generar amplios consensos sobre los resultados.
Imagen: ©Tristán Pérez-Martín
