Sergio Torrejón Pérez (Toledo, 1988) es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en algunas de las temáticas del área entre la sociología y la economía: el cambio estructural del empleo y sus implicaciones desde el punto de vista de la desigualdad, las implicaciones del cambio tecnológico en el mercado laboral y el futuro del empleo, etc.Ha realizado estancias de investigación en Eurofound (Dublín) y el Instituto Universitario Europeo de Florencia, participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales (European Jobs Monitor). Recientemente ha publicado The COVID confinement measures and EU labour markets, elaborado con otros compañeros y compañeras del Joint Research Centre de la Comisión Europea, donde trabaja en la actualidad como analista e investigador.
¿Qué retos y oportunidades laborales ha generado el COVID-19?
La crisis económica causada por la pandemia resalta la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables. Especialmente en países como España, uno de los más afectados tanto en términos de salud como económicos. Ya sabíamos que los trabajadores con peores condiciones de empleo, mayor inestabilidad y menos recursos merecen una atención focalizada para promover su mejor integración en el mercado laboral, algo que terminaría repercutiendo positivamente tanto a ellos (en términos de bienestar) como al conjunto de la sociedad al promover mejoras en su productividad y un impulso de la actividad económica y el consumo. Sin embargo, el shock actual, que ha afectado de nuevo más a ellos (jóvenes, mujeres, trabajadores temporales y a tiempo parcial, así como a los trabajadores con menos formación y salarios bajos) ha tensado de nuevo la cuerda, exponiendo de forma clara la vulnerabilidad a la que están sometidos. Por eso no es extraño que una medida como el Ingreso Mínimo Vital, aprobado recientemente en el Parlamento español (y que formaba parte de las recomendaciones de Comisión Europea desde hace años), haya sido acogida con un amplio consenso.
No olvidemos que el estado de bienestar español, comparado a otros, tiene poca capacidad para reducir la desigualdad y la pobreza. Esto se debe a su marcado carácter contributivo: la protección social está muy vinculada a las contribuciones hechas a lo largo de nuestra trayectoria laboral (las ayudas se canalizan fundamentalmente a través los seguros de desempleo y las pensiones), de modo que terminan recibiendo más recursos quienes han tenido trayectorias estables y sólidas. Es decir, quienes cuentan con una situación económica solvente, y no quienes más lo necesitan. En cambio, otras prestaciones, como las familiares por hijo a cargo, tienen un peso comparativo bajo. Esta anomalía (por eso España es uno de los pocos países desarrollados donde la mayor parte de las transferencias sociales van a parar a las manos de quienes más ingresos tienen) empezaría a atenuarse con una medida como esta, que vincula la prestación directamente a la situación económica de cada uno. Es momento, por tanto, de cambiar el foco y desarrollar políticas dirigidas que traten de ofrecer recursos y oportunidades a quienes carecen de ellos.
Otro reto tiene que ver con el teletrabajo. La crisis ha actuado como un "experimento" que ha generado cambios extraordinarios, relevando entre otras cosas que una parte importante de la actividad económica puede desarrollarse de forma remota. Esto ha sido muy positivo porque ha servido como colchón para que parte de la economía no se paralizase ni durante el periodo de confinamiento más estricto. Sin embargo, no podemos esperar que todos los que pueden teletrabajar ahora continúen haciéndolo en el futuro. Esto se debe a varias razones, entre ellas: 1) la cultura organizacional. El presentismo está muy instaurado en países como España, donde contamos todavía con las resistencias de muchos empleadores y gestores que consideran que el teletrabajo dificulta su capacidad de control sobre el proceso productivo. 2) La no disponibilidad, por parte del trabajador, de un espacio adecuado para conciliar y trabajar. El teletrabajo en ocasiones supone una complicación en términos ergonómicos, de conciliación de la vida laboral y familiar, etc., y esto debe de tenerse en cuenta.
Sin embargo, las condiciones extraordinarias actuales han permitido que muchos empresarios y gestores hayan comprobado que algunos trabajadores pueden continuar con sus labores de forma remota sin comprometer su productividad, además de aportar numerosos beneficios tanto a la organización (ahorrando costes) como a los empleados (que pueden ganar tiempo y organizarse de forma más flexible). Por esta razón, aunque el fenómeno no alcance en el corto plazo las cotas vistas durante los meses de confinamiento y luego restricciones, va a continuar siendo más frecuente y común en el medio y el largo plazo. De hecho, ya era una práctica que venía expandiéndose de forma lenta en Europa desde hace más de 10 años. La crisis actual, en ese sentido, va a actuar como aceleradora de un cambio que ya era irrevocable.
Aunque potencialmente positivo, no hay que olvidar que este cambio beneficia solo a algunos trabajadores. La posibilidad de teletrabajar se restringe al sector público u ocupaciones profesionales y técnicas, y se ha documentado ampliamente que su prevalencia aumenta a medida que el salario es también mayor. Es decir, quienes disfrutamos de estas condiciones somos unos privilegiados. Por norma, quienes podemos beneficiarnos de la expansión de esta forma de trabajo (sea de forma regular o más probablemente ocasional, combinando jornadas presenciales con días de teletrabajo) somos quienes contábamos de por sí con unas condiciones laborales más favorables. Mientras tanto, quienes se ocupan en empleos que precisan de la manipulación/ transformación de objetos o contacto físico con otros no verán grandes cambios en su día a día una vez superada la crisis.
Entre estos últimos se encuentran los trabajadores de las actividades y los servicios esenciales: los necesarios para que la economía no se paralice y podamos satisfacer nuestras necesidades básicas: médicos y sanitarios, dependientes, agricultores y productores de alimentos y bebidas, transportistas, etc. Las condiciones extremas a la que hemos estado expuestos por la pandemia han revelado algo importante: son quienes vertebran la economía y procuran nuestra salud y subsistencia. Y a pesar de ello, cuentan a menudo con salarios bajos y condiciones de empleo precarias. Una enseñanza que contraviene la idea tan extendida de que los salarios elevados son premios que recompensan el valor producido para el conjunto de la sociedad. Es buen momento, por tanto, para reivindicar nuevamente su papel dentro de ella. Aunque la mejora de sus condiciones es compleja y requiere de la acción en múltiples frentes, espero que la crisis sirva como revulsivo para introducir este elemento en la agenda.
"La crisis económica causada por la pandemia resalta la necesidad de proteger a los colectivos más vulnerables".
¿Cuáles son los cambios principales que se están produciendo o se producirán en el mercado laboral debido a la crisis del coronavirus (mencione al menos 3)?
El aumento del desempleo y la inactividad. La crisis ha tenido un impacto en el empleo diez veces mayor que aquel que tuvo durante la crisis financiera global. Y dado que su impacto está siendo asimétrico (está afectando más a los más vulnerables y con menos ingresos), el mercado laboral y la sociedad se están polarizando. Esto hace que la distancia entre quienes cuentan con contratos estables y buenas condiciones laborales y el resto se ensanche, lo que podría generar más tensiones sociales y políticas. Es por eso por lo que las políticas dirigidas a estos colectivos son tan apremiantes.
Este impacto asimétrico va a afectar especialmente a los jóvenes. La crisis ha perjudicado más a los sectores donde están sobrerrepresentados (turismo, hostelería, ocio y cultura, etc.), por lo que sus niveles de actividad e ingresos se van a ver afectados negativamente al corto y al medio plazo. Esta situación, además, preocupa porque hay evidencia que demuestra que entrar al mercado laboral durante una crisis tiene efectos negativos sobre la empleabilidad y los ingresos también al largo plazo. Teniendo en cuenta todo esto, conviene preocuparse por la situación tanto de los más jóvenes como de los millennials, quienes por contar con algunos años más accedieron al mercado laboral tras el estallido de la crisis financiera de 2008, para acto seguido y en pocos años sufrir de nuevo las consecuencias de otra crisis de mayor magnitud. Así, muchos de ellos, de forma inevitable al no haber conocido nada distinto a la inestabilidad y la incertidumbre, no solo tienen que seguir haciendo frente a dificultades económicas varios años después, sino que van a ver como siguen quedando comprometidos sus proyectos vitales (el acceso a una vivienda, la formación de familias, etc.). Esto, en un país con una natalidad de por si baja, es preocupante por los graves problemas demográficos y económicos que conlleva. Es por eso por lo que priorizar la atención pública a los jóvenes es tan importante. De lo contrario, esta crisis va a hacer que se consoliden algunos de los problemas estructurales con los que llevamos tiempo conviviendo, como la segmentación del mercado de trabajo (con los jóvenes siendo especialmente precarios y estando más desprotegidos) y todos los problemas asociados a la misma: la dificultad de encarar proyectos a largo plazo, etc.
Finalmente, dado que la crisis ha afectado más a algunos sectores, esto podría terminar produciendo desequilibrios territoriales. Los países y regiones donde los sectores afectados tienen más peso van a resultar más dañados, ampliando las diferencias económicas existentes entre unos y otros. En el plano internacional, países como España están siendo más golpeados que sus vecinos del norte, ya que el peso del turismo y otros sectores vinculados al mismo es mayor aquí. En el plano nacional ocurre algo similar, habiendo diferencias entre las regiones más turísticas y aquellas cuyo modelo productivo está más orientado a la industria o los servicios basados en el conocimiento.
"Tanto las habilidades digitales como las no-cognitivas son clave para tener éxito en el mercado de trabajo del presente y el futuro".
¿Qué perfiles profesionales y sectores económicos quedan más y menos reforzados con la pandemia? ¿Puede justificar su respuesta?
Los sectores con más capacidad para sortear el impacto de la crisis son los servicios intensivos en conocimiento y relacionados con el tratamiento y la manipulación de datos e información: los servicios financieros, la programación, las telecomunicaciones, la investigación, la educación y otras actividades profesionales y técnicas. Además de contar con mejores condiciones de empleo, estos sectores han mostrado una mayor resistencia durante la crisis. Entre otras cosas, por haber continuado con su actividad de forma remota en todo momento. Por eso es probable que salgan reforzados e incluso aumente su deseabilidad social en este momento, al demostrar ser capaces de ofrecer empleos más resilientes ante unas circunstancias extremadamente complejas y sin precedentes cercanos.
La mayor estabilidad de estos sectores ya quedó en evidencia antes: tras la crisis de 2008, cuando aguantaron mejor que la construcción y otros sectores (donde la temporalidad es muy alta) la caída de la demanda habida entonces. Se trata, por tanto, de actividades con mejores condiciones de empleo, más estabilidad, y que se configuran como una buena apuesta de futuro al menos por dos razones: hacen que la economía sea más competitiva y garantizan un crecimiento económico más estable (no tan sensible a los vaivenes del ciclo económico).
Otros sectores han sido golpeados de forma clara: algunas industrias o los servicios no cualificados y que requieren de contacto con los clientes, como el comercio, la restauración, los servicios personales y de limpieza, etc. La crisis no va a hacer que desaparezcan, pero seguirán afectados al corto y medio plazo. Esto se debe a que todavía no han podido volver a la actividad normal, sino que contarán hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento con algunas restricciones: límites de aforo, uso obligado de medidas de protección, etc. En el mejor de los casos esto tendrá un efecto negativo temporal en términos de actividad y empleo, y en el peor supondrá el cierre de negocios que no pueden hacer frente a pérdidas durante un periodo sostenido. De ahí la importancia que tienen medidas como los ERTE, que minimizan el impacto de la crisis y permiten que muchas empresas sigan activas a pesar de la caída en la facturación. Sin embargo, aunque más vulnerables, la crisis está dejando claro que se trata de actividades de las que no podemos prescindir. De hecho, a medida que aumenta el número de trabajadores en los servicios cualificados suele aumentar la demanda de servicios no cualificados. Esto se debe a que hay más gente con recursos dispuesta a dedicar parte de ellos para la mejora de su bienestar personal (servicios personales), ocio y tiempo libre (hostelería, viajes, cultura), etc. Es por esto, de hecho (además de por la caída del peso relativo de la industria) por lo que la polarización del empleo (cuando los empleos que más crecen son los de mayor y menor calidad, en comparación con los de calidad intermedia) suelen ser más frecuentes en las capitales y grandes áreas urbanas, como indica el último informe European Jobs Monitor de la Comisión Europea.
Pero una sociedad en la que todos trabajemos frente a una pantalla es inviable e indeseable, ya que no seríamos capaces de comerciar o satisfacer las necesidades humanas más elementales. Por tanto, diversificación económica y convivencia seguirán siendo la norma en el futuro. Dadas las circunstancias, cualquier estrategia de futuro debe pasar necesariamente por reforzar los eslabones más débiles de la economía y el mercado de trabajo. La extensión de mejoras laborales a los sectores que siguen ofreciendo peores condiciones de empleo y que además y debido a ello están más expuestos a los vaivenes del ciclo económico es, en este sentido, necesaria para dotar al país de una mayor fortaleza, logrando minimizar los riesgos a los que nos exponemos con cada crisis y extender el bienestar social a capas más amplias de la población.
¿Qué competencias transversales necesitan adquirir o reforzar las personas para conseguir oportunidades laborales en un mercado de trabajo post COVID-19?
Las habilidades digitales (el manejo de información y datos, la creación de contenido digital, el uso de dispositivos digitales, etc.) seguirán adquiriendo importancia a medida que la digitalización abarque más ámbitos y sectores. Estas habilidades llevan muchos años siendo importantes, y la crisis ha demostrado que los empleos que requieren su uso intensivo son más resistentes y estables.
El otro componente clave son las habilidades sociales o no-cognitivas: la capacidad de hablar en público, de trabajar en equipo, de planear, etc. Los empleos que más han crecido recientemente, así como aquellos donde más ha aumentado los salarios, requieren un alto nivel de habilidades no-cognitivas. En un mercado tan competitivo como el laboral, cuando la educación formal (donde se transmiten las habilidades cognitivas) se ha universalizado y extendido, las habilidades de este tipo son las que marcan la diferencia. Tienen un carácter transversal y se asocian a una mayor flexibilidad, así como a la capacidad de saber adaptarse a los cambios y la predisposición para seguir formándose. Son, por tanto, habilidades clave para la economía del presente y el futuro, en la que la formación continua y la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes son elementos clave. La sucesión de crisis como esta, en un contexto de rápido cambio tecnológico, aumenta la necesidad de formarse y reciclarse, sea porque tenemos que adaptarnos a cambios en la forma como se produce (cuando se utilizan nuevas tecnologías en el trabajo) o porque tenemos que cambiar de sector y debemos aprender a realizar otras tareas (cuando hay crisis de demanda asociadas a crisis económicas). Con todo, tan solo el 11% de los adultos en Europa ha participado recientemente en cursos de formación continua, una cifra que se espera siga aumentando gracias a la proliferación de recursos como los cursos online.
En síntesis, tanto las habilidades digitales como las no-cognitivas son clave para tener éxito en el mercado de trabajo del presente y el futuro. Los empleos que van a crecer más y que están asociados a salarios altos requieren al menos un nivel moderado de habilidades digitales combinado con habilidades no cognitivas fuertes. Aunque los resultados a los que aludo se obtuvieron antes de la crisis, esta no ha hecho más que consolidar y acelerar algunos de los cambios que venían produciéndose previamente, por lo que debemos seguir teniendo muy presentes estas lecciones.
"Para mejorar la empleabilidad de los jóvenes las empresas deberían ofrecer facilidades para que todos puedan obtener experiencia laboral".
¿Qué medidas deberían implementar los gobiernos para facilitar el acceso al mercado laboral a las personas más afectadas por la crisis económica que deja el COVID-19?
Se deberían fortalecer las políticas activas de empleo y, de forma más específica, las partidas para la formación y la orientación laboral. Algo que está entre las recomendaciones que hace la Comisión de forma recurrente, y que caracteriza a los modelos de éxito del norte de Europa. Aquí, sin embargo, dedicamos pocos recursos a estas partidas y muchos a incentivar la contratación a través de bonificaciones, una estrategia cuya eficacia han cuestionado numerosas evaluaciones.
El resultado es que la inversión en políticas del mercado de trabajo, en uno de los países con más desempleo de Europa, no resulta lo eficiente que podría ser. La aspiración, por tanto, debería ser converger con los países vecinos en cuanto al gasto dedicado a políticas basadas en la formación y la orientación laboral, obteniendo de esa manera una atención más personalizada y que resulte de mayor utilidad para los desempleados. Algunos colectivos solo pueden acceder a asesoramiento, cursos e información clave a través de estos servicios, por lo que necesitamos reforzar esta pata de las políticas de empleo para que la inversión sea de mayor utilidad para las personas más vulnerables.
De forma indirecta y al medio-largo plazo, las medidas de apoyo a los ingresos de los pobres pueden promover su mejor empleabilidad. Esto se debe a que los individuos, cuando experimentan situaciones de carencia material, tienen una mayor dificultad para planificar de forma estratégica y pensar en términos de coste-beneficio al medio y largo plazo. Cuando te debes de ocupar de lo urgente para subsistir, a menudo lo importante queda al margen. Esto, que explicaron Mullainathan y Shafir brillantemente en un libro, es lo que explicaría que los pobres tiendan a tomar lo que tendemos a calificar como decisiones inadecuadas para salir de la pobreza. Lo relevante es que los autores invierten la lógica causal habitual y explican que, en muchas ocasiones, uno no es pobre porque tome "malas decisiones", sino que a menudo termina tomándolas porque es pobre y está fuertemente condicionado en su día a día. Por eso, con ayudas económicas a estos colectivos procuramos un alivio económico que permite que dispongan de más claridad, medios y recursos para pensar más allá de lo urgente, llevando a cabo acciones y tomando decisiones estratégicas que les permitan salir de la "trampa de la pobreza". Equilibrar a través de ayudas sirve, en este sentido, para dar medios y oportunidades a quienes no las tienen. Sin recursos básicos es imposible salir de esa trampa. Por tanto, las políticas de apoyo a los ingresos de los pobres resultarían positivas tanto para su beneficio personal como para beneficio del conjunto de la sociedad, ya que terminan fomentando un reparto más eficiente del capital humano. Para visualizar esta última idea solo tienen que pensar en la cantidad de gente que no puede desarrollar todo su potencial (aficiones, intereses y vocaciones) por haber nacido en una familia que carece de recursos y oportunidades.
¿Y qué deberían hacer las empresas para que las personas más vulnerables y afectadas por la crisis laboral que deja la pandemia puedan acceder al mercado de trabajo?
Para mejorar la empleabilidad de los jóvenes las empresas deberían ofrecer facilidades para que todos puedan obtener experiencia laboral. Las prácticas no remuneradas o escasamente remuneradas, a menudo planteadas como "procesos formativos" para evitar formalizar relaciones laborales, son un elemento de desigualdad importante, ya que solo pueden acceder a ellas quienes cuentan con una situación económica favorable: quienes pueden permitirse estar un tiempo sin/ con escasos ingresos personales mientras desarrollan esta clase de experiencias. Esto es relevante porque estas prácticas a menudo actúan como trampolín para acceder a empleos de calidad, aunque sea en otras empresas. Por tanto, el fomento de prácticas adecuadamente remuneradas y otros contratos (como los indefinidos con periodo de prueba) ayudaría a introducir más equilibrio en el acceso al mercado de trabajo.
Por otro lado, la formación en la empresa es útil para que los trabajadores puedan promocionar dentro de ella, así como para mejorar su empleabilidad al tener la oportunidad de ampliar conocimientos y formarse en las habilidades más demandadas hoy en día. A pesar de la importancia de la formación continua, poco más de 1 de cada 10 adultos en Europa han participado en esta clase de experiencias recientemente. Las empresas, en consecuencia, deberían aplicarse para que esta práctica se extienda y consolide, funcionando como recurso capaz de mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de facilitar las transiciones en el mercado de trabajo. De este modo el impacto social y económico de la crisis sería menor, ya que habría una cantidad mayor de trabajadores a quienes los resultaría relativamente fácil cambiar de empresa o sector al haber recibido formación actualizada.
Tanto la inversión en formación como los esfuerzos extra por mantener a los trabajadores en plantilla constituyen, en este contexto y para las empresas, buenas formas de recompensar a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, de una forma que va a terminar produciéndoles retornos también a ellas, por los esfuerzos hechos a través mecanismos de ayuda tan cuantiosos como los ERTE.
Finalmente, muchos trabajadores de los sectores más afectados por la crisis se ocupan con contratos temporales, a tiempo parcial o tiempo muy reducido (los contratos de un año o menos se han incrementado más de un 10% desde 2008). Por esto, muchos no cuentan con seguridad en el empleo ni tienen acceso fácil a la protección social. Las empresas, en consecuencia, deberían hacer esfuerzos por normalizar la situación de muchos de ellos, restringiendo el uso de estos contratos para los casos y supuestos específicos para los que se contemplan, y no de forma fraudulenta y/o como estrategia para reducir costes laborales y poder hacer ajustes a bajo coste (o a través de la no renovación). De este modo, los trabajadores contarían con más y mejores recursos para hacer frente a crisis como esta. Por la misma razón convendría penalizar y evitar la realización de horas extra sin remunerar y otras formas de economía sumergida, que impiden que muchos trabajadores puedan consolidar sus derechos y, en consecuencia, que reciban una atención adecuada en épocas de dificultad.
* La entrevista hace referencia a varios informes recientes del Joint Research Centre (JRC), institución que proporciona soporte y evidencia científica para apoyar la toma de decisiones políticas a nivel europeo. Los resultados científicos de esos informes no representan la posición política oficial de la Comisión Europea. La entrevista refleja las opiniones del entrevistado y no aquellas de la institución donde trabaja.
