Valores como la paz, la igualdad y los derechos humanos se hallan amenazados de modo creciente, motivo que ha llevado a numerosos países europeos a fortalecer los contenidos de educación para la ciudadanía. Con el fin de conocer el estado actual de esta área de estudio, se ha publicado recientemente Citizenship Education at School in Europe 2017, un informe elaborado por la red europea Eurydice a partir de información de 28 países europeos más Bosnia-Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Turquía. Los autores de la investigación conciben la educación para la ciudadanía como el área temática que se promueve en las escuelas con el fin de fomentar la convivencia armoniosa (harmonious coexistence) y el desarrollo mutuamente beneficioso de los individuos y de las comunidades de las que forman parte.
El informe consta de cuatro capítulos dedicados a explorar la situación de los países analizados en los siguientes aspectos: contenido y organización del currículum; enseñanza, aprendizaje y participación activa; evaluación del estudiante y de la escuela; y formación del profesorado, desarrollo profesional y apoyo. Cada capítulo incluye además un caso de estudio, respectivamente: Austria, Bélgica, Estonia y Francia.
Mucho más que conocer la Constitución
La publicación constata que educación para la ciudadanía ya no se limita a conocer las instituciones y procesos políticos, sino que requiere el aprendizaje de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes en cuatro áreas: interactuar de modo efectivo y constructivo con los demás, pensar críticamente, actuar de manera socialmente responsable y comportarse democráticamente.
Prácticamente una veintena de países europeos combinan los tres tipos de orientaciones en el currículum: objetivos generales, objetivos específicos y resultados de aprendizaje. En el caso español, en las estrategias de máximo nivel institucional o planes de acción se cita el Plan Estratégico de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La mayoría de los sistemas educativos imparten la materia de manera transversal e integrada en otras materias obligatorias. Es el caso de España, donde además algunas Comunidades Autónomas incluían la materia de manera separada en primaria (como Andalucía) y secundaria (Extremadura) durante el curso 2016/2017.
La existencia de una asignatura específica, por tanto, "sólo" se llevaba a cabo en 20 sistemas educativos, con diferencias sustanciales en cuanto a su duración. El informe también destaca que en un tercio de dichos sistemas se presta menos atención a la educación cívica en la formación profesional inicial que en la educación general.
Las recomendaciones dirigidas a familias y alumnado para formar parte en consejos escolares u otros organismos de participación en la escuela también se consideran muy útiles para facilitar experiencia práctica sobre el proceso democrático, y se realizan de manera "casi universal".
La compleja tarea de evaluar la competencia cívica
La evaluación de la competencia cívica constituye un reto importante, tanto por los amplios objetivos que se plantea como por los variados contextos en que se desenvuelve el centro educativo. El informe indica que 26 sistemas educativos proveen a sus profesores con guías oficiales para evaluar cómo se aplica la educación para la ciudadanía en el aula. En España, se ofrecen orientaciones generales y específicas a través de la legislación.
En general, se combinan métodos tradicionales como tests de elección múltiple y otros métodos alternativos como evaluación basada en proyectos, autoevaluación y evaluación entre pares y evaluación a través del portfolio.
La formación del profesorado, con "lagunas significativas"
En Europa, los sistemas educativos de Bélgica (comunidad francófona), Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y Reino Unido (Inglaterra) son los únicos que ofrecen a los futuros profesores y profesoras la posibilidad de especializarse en educación para la ciudadanía al comienzo de su formación, a los que se ha sumado Dinamarca este mes de otoño.
El profesorado puede obtener una semi-especialización en otros siete países: República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Austria, Polonia y Eslovaquia. En España, se han definido las competencias que ha de adquirir el profesorado de primaria y secundaria.
Ahora bien, "existen 17 sistemas educativos que todavía no tienen regulaciones o recomendaciones para el desarrollo de las competencias del profesorado en formación", por lo que se deja esta cuestión en manos de las instituciones de educación superior. Estos hechos llevan a los autores de Citizenship Education at School in Europe 2017 a concluir que todavía quedan "lagunas significativas" en materia de políticas de formación para el profesorado en esta disciplina.
