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"Hemos de pedir al empleado público que aplique unas políticas que respondan a unos criterios éticos"

Entrevista

  • 28/09/2017

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Agustí Colomines, Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Agustí Colomines (Barcelona, 1957) dirige la Escola d'Administració Pública de Catalunya desde febrero de 2016. Este doctor en Historia Contemporánea y director académico de la Cátedra Josep Termes de Liderazgo, Ciudadanía e Identidades de la Universitat de Barcelona aboga por desterrar la palabra funcionario de nuestro vocabulario. Porque cree que no ayuda a cambiar la mentalidad de quienes se presentan a las oposiciones con la idea de obtener un sueldo para toda la vida. Exdirector de Unescocat y de la Fundació Catalanista i Demòcrata, cree que los primeros que tienen que dar ejemplo son los directivos. Cuando abandonamos su despacho, nos acompaña hasta la puerta y nos lo demuestra: "Aquí está el personal de Seguridad y del Registro. Ellos son la cara y la imagen de la Escuela". 
 

 
¿Cuáles son los principales motivos por los que una persona se presenta a una oposición? ¿Conoce estadísticas al respecto?
 
El conocimiento sobre por qué la gente elige esta opción no es muy profundo a nivel sociológico, por lo que no podemos hacer una radiografía de las personas que deciden presentarse a unas oposiciones. No es lo mismo, además, presentarse a profesor universitario, trabajador de un hospital o empleado de los servicios generales.
 
Yo creo que está muy extendida la idea de la estabilidad. Un empleado público es un empleado estable, con un contrato indefinido, que es lo que busca la mayoría de los trabajadores. También es una mentalidad que se ha fomentado desde el sindicalismo, que afirma que lo importante no son los contratos dignos sino permanentes. Yo creo que hay que buscar contratos dignos, independientemente de si son largos o cortos.
 
¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al buen funcionario/a, si se puede hablar en términos generales?
 
Hasta ahora, siguiendo con el hilo anterior, mucha gente se ha creído que ser funcionario, servidor o empleado público tenía que ver con uno mismo, no con el trabajo que se desempeñaba. Es decir, es tan importante el sustantivo como el adjetivo. Lo importante es que el empleado sirve al público, que en este caso es el ciudadano. El tema fundamental es la prestación de servicios a la ciudadanía.
 
Por tanto, el ideal de un empleado público es aquel que tiene un compromiso con el trabajo que desempeña, que se forma para poder mejorar el servicio público y que, además, dispone de los conocimientos y habilidades suficientes para ser ecuánime a la hora de prestar este servicio. Si, además de todo, tiene talento, es imaginativo y no sé cuántas cosas más, pues fantástico; pero no sólo en este trabajo, sino en todos. Los mínimos, mínimos, es que son personas que trabajan para un público que es la ciudadanía y lo hacen con la equidad necesaria para que sea eficiente.
 
Esto es válido tanto para el funcionario como para el personal laboral, ya que la única diferencia es que este último está en precario; que es muy propio del modelo español y con el que estoy en contra. Precarizar los puestos de trabajo degrada la función pública.
 
Una vez que se ha accedido a la función pública, ¿qué competencias ha de desarrollar el empleado público?
 
Antes de contestar este pregunta, quiero aclarar que muchas veces exigimos al empleado público cosas que el sistema no le permite, porque el sistema es tan rígido, tanto en la selección como en la promoción como en la movilidad como en la iniciativa individual… Es tan rígido, tan poco permeable, que le pedimos una cosa al empleado sin cambiarle el marco y lo que deberíamos hacer es cambiar el marco y entonces exigir al empleado público esta nueva mentalidad. Por ejemplo, si tú dices: "Se ha de tener más compromiso, más iniciativa". Muy bien, pero si resulta que estás en una administración que es vertical, rígida, verticalizada al máximo, en la cual la gente se conoce por letras y números en vez de por el nombre y el apellido, eso no funciona.
 
Es decir, se nos ha llenado la boca con la reforma de la administración e  incluso hemos hecho libros blancos, pero nadie políticamente ha sido capaz de impulsar una reforma de la administración que se adapte a las necesidades del mundo del siglo XXI, que es un mundo abierto, basado en el conocimiento, en la movilidad, en las redes sociales y, por tanto, basado en una administración electrónica. Y, de momento, todo eso es un brindis al sol.
 
Suponiendo entonces que viviéramos en una administración adaptada al siglo XXI, ¿cuáles son las competencias que han de tener quienes trabajan en la administración pública?
 
Todos los empleados públicos, desde directivos hasta técnicos, han de poseer unos conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, la persona que trabaja en el Registro ha de poseer habilidades de comunicación, habilidades sociales, cordialidad, confianza… Ahora se habla mucho de la confianza, de la necesidad de rehacer la confianza de la gente en la administración pública. No sólo porque haya habido casos de corrupción o porque la arbitrariedad y el oscurantismo son dos lacras que hay que erradicar, sino también porque no hemos acabado de inculcar la idea de que somos servidores públicos. 
 
Estas habilidades sociales, más competencias de tipo intelectual, el reciclaje permanente, el no tener ningún problema para rectificar si una cosa se prueba y no funciona…  Todas las grandes empresas de éxito mundial son horizontales, están enfocadas con espíritu colaborativo. La administración ha de colaborar dentro de ella, no sólo entre las administraciones. En Catalunya tenemos 13 consejerías y tenemos 13 gobiernos como quien dice. 

¿Podemos concluir que existen habilidades comunes para cualquier trabajador, como la comunicación, pero que los servidores públicos se diferencian sobre todo por su actitud de servicio público?
 
Aquí está la gran diferencia. La administración pública no actúa sobre la base del beneficio. Actúa sobre la base del bienestar social. En consecuencia, hace cosas que seguramente no son rentables, pero que son necesarias para asegurar la justicia social.
 
Esto quiere decir que un funcionario no se limita simplemente a chequear las cosas. Se cumple esta normativa, sí. No se cumple esta normativa, no. No. Esto no es sólo un expediente administrativo, esto va de políticas. En este sentido, hemos de pedir al empleado público que aplique unas políticas que respondan a unos criterios morales o éticos. No que no robe, que esta es la gran desgracia que nos ha caído con la corrupción, que hemos de hacer códigos éticos para decir que la gente no robe, cuando el código ético ha de servir para anunciar políticas.
 
¿Cambian las competencias en función del nivel formativo (por ejemplo, técnicos vs. altos directivos)? ¿Y en función de las tareas (educación, sanidad, seguridad, administración, etc.) o del ámbito geográfico?

Sí, evidentemente. Yo creo que sí que cambian. Por ejemplo, muchas veces se dice que la administración no funciona porque el empleado público hace o no hace… La administración no funciona con frecuencia porque tiene malos directivos. Si los directivos no saben guiar la tropa, por decirlo así, pues generan lo que generan. Si no son exigentes, primero consigo mismos y después con los demás, pues pasa lo que pasa. Por tanto, cada escalón ha de tener sus competencias y ninguno debe rehuirlas. Pero yo creo que la formación de los directivos públicos es una pieza importante para que la administración funcione. Porque en la administración, como en cualquier empresa, alguien en un momento determinado ha de tomar la última decisión. Y lo más fácil en la administración es procrastinar.

Un técnico también tiene unas competencias muy claras. De hecho, todo el mundo tiene unas competencias, y se han de fomentar y se han de trabajar. De hecho, en la Escuela tenemos los tres niveles: formación directiva, técnica y por sectores profesionales.

¿Existen diferencias esenciales con otros países? ¿Podemos inspirarnos en algún modelo internacional?

Nosotros creemos que la escuela debería ser, como sucede en la escuela danesa, holandesa, alemana, ecuatoriana, colombiana, chilena, etc., una institución universitaria. La escuela está dentro del sistema universitario y  en la mayoría de los casos se convierte en una especialización de tercer ciclo.

Aquí en Catalunya hay una disociación muy grande entre los grados de Ciencias Políticas y la Administración, que son superteoricistas, poco prácticos, pero que despiertan poquísimas vocaciones, pues la mayoría de los empleados públicos son economicistas o abogados. A nosotros lo que nos interesa es entrar en el sistema universitario como escuela que promueve el tercer ciclo y la especialización en las universidades del país, y poder, de esta manera, preparar prácticamente a la gente que quiere trabajar en la administración. Ya veremos si llegamos al caso de que, para poder entrar en la administración, uno de los procesos selectivos consista en pasar por la Escuela de Administración Pública. En otros países funciona bastante bien, como por ejemplo en Dinamarca. Esto también despolitizaría la Escuela, lo cual tampoco estaría nada mal.

¿Qué recomendaría a las personas que se estén planteando presentarse a una oposición?

Que entiendan muy bien que el mundo está cambiando rápidamente y que todas las certezas absolutas que ha habido en el pasado no continuarán en el futuro y, por tanto, la administración tarde o temprano tendrá que cambiar y con ella la naturaleza del trabajo que cada uno realiza. Por ejemplo, con las numerosas iniciativas de participación de la ciudadanía como los presupuestos participativos, el servidor público deja de ser un intocable y, por tanto, ha de entender que los vientos de cambio le afectarán y, si no tiene una gran vocación, más vale que se dedique a otra cosa.

¿Qué pasa después de obtener la plaza? ¿La formación es obligatoria o depende de cada persona?

Las leyes cambian cada día y eso hace que los empleados públicos estén obligados a saber todos los cambios normativos y, si no están obligados, se montará un lío de aquí te espero. Sólo ya con esto ya tienen suficiente trabajo, pero después hay otro aspecto más importante.  Todos los grandes teóricos de la sociedad actual dicen que estamos viviendo en la sociedad de conocimiento. Si esto es así, ¿alguno se puede creer que podemos tener una administración sin cerebro? Y el cerebro no es algún privilegiado, un político, sino la propia organización, que son sus empleados, que se reciclan, que cambian… Es decir, no podemos encontrar un empleado que, en un momento determinado, como yo he oído, diga: "Yo estoy en proceso de desaceleración". Si te desaceleras en la empresa privada, te echan a la calle.

Siguiendo con esta idea, ¿quién no debería presentarse a una oposición?

El que se piensa que esto es la administración franquista, que te daban una plaza fija, un sueldo fijo y ya está, se ha acabado. Esta mentalidad hoy en día no funciona, entre otras muchas cosas porque dentro de la misma organización el dinamismo es tan grande que al final esta gente queda arrinconada. Que pasa y que lo hemos de evitar. En todos los sitios hay gente que se escaquea, pero no hemos de trabajar solo para alimentarnos, cosa que es normal, sino trabajar porque estamos a gusto con el trabajo que estamos haciendo.
 

Foto: Educaweb. 
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