Toda profesión tiene sentido y vigencia en la medida en que presta bienes y/o servicios de utilidad para la sociedad. Los empleados públicos contribuyen a satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración de los recursos comunes y una adecuada prestación de servicios en materias tan importantes como la seguridad, la sanidad o la educación. Resulta fundamental, por tanto, garantizar que estos profesionales poseen las competencias necesarias para poder desarrollar su trabajo adecuadamente. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias que debería poseer cualquier empleado público? Este es tema sobre el que versa el monográfico de este mes.La sociología no se ha interesado demasiado por las motivaciones de quienes deciden presentarse a una oposición. Ahora bien, existe un consenso generalizado en que la mayoría lo hace por la estabilidad que supone conseguir una plaza en una administración o empresa pública. Manel Bardavio, adjunto a la Dirección de la Escola d'Administració Pública de Catalunya, admite que una parte de la población se decanta por esta vía por la estabilidad que proporciona: "No es excluyente, pero el factor seguridad pesa". Noemí Villanueva, responsable de Marketing del Grupo Aranda Formación, apunta en una línea parecida, si bien distingue entre el periodo de la crisis y el momento actual: "Durante la época más dura de la crisis se veía como una muy buena salida laboral; pero ahora, cada vez más, lo que buscan los alumnos es una mejora en sus condiciones laborales, estabilidad laboral, estabilidad económica y conciliación de la vida personal y familiar con la laboral". Juan Manzano, director comercial de 7 editores, también menciona la "estabilidad profesional y económica", pero apunta una motivación más: las posibilidades de promoción dentro de la propia administración.
Nuestro entrevistado de este mes, el director de la Escola d'Administració Pública de Catalunya, Agustí Colomines, también percibe que "está muy extendida la idea de la estabilidad", si bien añade que cree que los sindicatos han confundido esta con la dignidad: "Yo creo que hay que buscar contratos dignos, independientemente de si son largos o cortos". Todo ello con el fin de desterrar la mentalidad de la plaza fija, algo que no casa bien, a su juicio, con la sociedad del conocimiento en la que vivimos.
La cuestión de la motivación está estrechamente vinculada con la de las competencias, ya que la mayoría de entrevistados y articulistas de este monográfico, por no decir todos, ponen el acento en la actitudes, los valores, la responsabilidad, la ética en definitiva, como el rasgo definitorio de todos los empleados públicos, independientemente de su nivel de conocimiento y sus habilidades prácticas. Bardavio lo formula en clave de dilema: "Si quieres hacer mucho dinero, si te preocupa lo individual, ni te lo plantees. Si te preocupa el bien común, lo social, adelante".
Otra forma de verbalizar la importancia del espíritu de servicio público entre los empleados públicos viene de la mano de la empatía. Ángela de las Heras, jefa de Estudios del área de oposiciones del Centro de Estudios Financieros, la considera una cualidad especialmente relevante entre quienes trabajan al servicio de las administraciones: "Ponerse en la piel del ciudadano, a menudo preocupado o desconocedor de los entresijos burocráticos, hará del funcionario un buen profesional".
Esta dimensión actitudinal de las competencias parece aún más necesaria ante los casos de corrupción, malversación y prevaricación que han salido a la luz pública, lo cual ha generado "una percepción negativa del funcionariado" que es preciso revertir, según explican Belén Labián Fernández- Pacheco y María del Rosario Tercero Cotillas, profesoras en el IES El Greco de Toledo. Esta idea enlaza en cierto modo con la necesidad de ejemplaridad, de dar ejemplo, de los servidores públicos, dada su "naturaleza representativa", como apuntan Joan Segura y Joan Domingo, profesores del Departamento de ESAII de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Tal vez por todo ello, el Estatuto Básico del Empleado Público, publicado el 12 de abril de 2007, recoge por primera vez "una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código de conducta", como se expone en el preámbulo. Los artículos 52, 53 y 54 obligan a los trabajadores públicos a desempeñar sus tareas con diligencia y velar por los intereses generales, actuando con arreglo a los siguientes principios: "objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres".
Conocimientos específicos y habilidades transversales
Los empleados públicos también han de dominar la materia a la que quieran dedicarse, si bien esta varía en función del puesto ejercido –no es lo mismo un directivo que un técnico- o la administración elegida –local, autonómica, estatal o europea...-. Esta diversidad, en todo caso, no impide que existan algunos conocimientos básicos comunes, como el conocimiento de la Constitución y las leyes fundamentales.
En cuanto a las habilidades prácticas, estas también dependen del tipo de trabajo desempeñado, ya que las personas que optan a un puesto en los cuerpos de seguridad han de demostrar, por ejemplo, que están en forma física, lo cual se consigue a través de pruebas físicas y entrevistas previas.
En este punto, las fuentes consultadas hacen referencia a una serie de competencias transversales que pueden aplicarse al empleado público pero también a quien ejerce su profesión en la empresa privada. Es el caso, por ejemplo, de las habilidades de comunicación, trabajo en equipo, proactividad, etc. El Diccionario de Competencias de los cargos de mando de la Generalitat de Catalunya, editado por la Escola d'Administració Pública de Catalunya, se mencionan, por ejemplo, algunas habilidades específicas que han de poseer los jefes de sección, de servicio y subdirectores, aunque algunas podrían aplicarse a todos los empleados públicos: dirección y desarrollo de personas; comunicación, persuasión e influencia; visión estratégica, flexibilidad y gestión del cambio; trabajo en equipo y trabajo en red; planificación y organización; orientación a los resultados y a la calidad; análisis de problemas y toma de decisiones, etc.
El dominio de las herramientas digitales también resulta ineludible en el entorno en el que nos movemos, tal y como nos recuerdan Belén Labián y María del Rosario Tercero: "El funcionario tiene que saber manejar estos recursos, ya que la mayoría de trámites, solicitudes, etc. se realizan de forma telemática y él como empleado público debe dar respuesta a las mismas". Las profesoras en el IES El Greco de Toledo también mencionan la importancia de saber idiomas, sobre todo si el funcionario trabaja de cara al público.
Nadie olvida tampoco la importancia de la formación, de continuar formándose y reciclándose una vez que se ha obtenido la plaza. Sin llegar a hablar de la habilidad de aprender a aprender, sí que queda claro que la formación constituye una obligación insoslayable. "Las leyes cambian cada día y eso hace que los empleados públicos estén obligados a saber todos los cambios normativos y, si no están obligados, se montará un lío de aquí te espero", advierte Agustí Colomines. Ahora bien, el director de la Escola d'Administració Pública de Catalunya también reconoce que no todo el mundo cuenta con la actitud idónea: "He oído: ‘Yo estoy en proceso de desaceleración'. Si te desaceleras en la empresa privada, te echan a la calle". Una vez más, la actitud, la mentalidad, parece marcar la diferencia entre un buen y un mal servidor público.
Algunos interrogantes pendientes
La cuestión planteada en este monográfico, como puede apreciarse, no genera grandes desavenencias. Ahora bien, merece la pena apuntar algunos interrogantes que han salido a relucir en las diferentes conversaciones y lecturas mantenidas para su elaboración, y que quedan pendientes para futuros especiales.
Todo el mundo coincide en que los buenos empleados públicos han de alcanzar un alto nivel de conocimientos, habilidades y, sobre todo, una incombustible vocación de servicio al bien común. Ahora bien, ¿cómo se les forma y cómo se les evalúa? ¿No sigue primando la capacidad memorística, como ha hecho constar Manel Bardavio?
En cuanto a los contenidos sometidos a evaluación, ¿por qué siguen primando los contenidos jurídicos y economicistas? Dicho de otro modo, ¿por qué cuesta tanto incorporar otros perfiles más transversales, como se observa desde la Escola d'Administració Pública de Catalunya?
Y, quizá el asunto más grave, apuntado por el director de dicha escuela: ¿cómo podemos exigir a los empleados públicos una serie de conocimientos, destrezas y valores si la administración no está preparada para aprovecharlas? ¿Cómo exigir iniciativa y, al mismo tiempo, ponerle trabas?
