En la agenda de los políticos europeos, las reformas de las políticas educativas tienen que estar marcadas en fosforescente. Esta es una de las conclusiones principales a las que se llega en el informe Social Policy in the EU - Reform Barometer 2016, una investigación sobre el estado de la inclusión social en 28 países de la Unión Europea elaborado por la Fundación Bertelsmann, el European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna y el Economic Policy Center de la Universidad de St. Gallen. El estudio monitoriza cinco dimensiones: la prevención de la pobreza, el acceso al mercado de trabajo, la cohesión social y no discriminación, la salud, y la equidad en la educación (equitable education). Este último aspecto se desglosa en seis objetivos políticos: la igualdad de oportunidades en los diferentes niveles educativos, las condiciones estructurales (recursos humanos y financieros), la calidad de la docencia, la independencia del éxito académico del origen socioeconómico, la reducción de la tasa de abandono escolar temprano y la integración de las personas refugiadas en el sistema educativo.
En líneas generales, los más de mil expertos encuestados consideran que los estados miembros de la UE "apenas han realizado esfuerzos dirigidos a reformar la educación, y sólo un tercio de las reformas necesarias han sido abordadas en la UE de media". Los países con una actividad reformista más baja han sido precisamente Grecia, Lituania y España.
Particularmente bajas resultan también las reformas llevadas a cabo en el campo del aprendizaje para toda la vida (lifelong learning): 10 países no han realizado ningún tipo de acción significativa para mejorar los recursos humanos o financieros y nueve no han mejorado tampoco la calidad de este tipo de enseñanza.
Los expertos consultados también inciden en la necesidad de debilitar la relación existente entre el éxito educativo y el origen socioeconómico y apuntan que no se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad relevante en Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, Eslovaquia ni España, lo cual se califica como "particularmente alarmante", pues conduce a un incremento de las desigualdades sociales.
Alerta en el Reino Unido, tranquilidad en Malta
El Reino Unido ha sido duramente criticado por el impacto negativo para la movilidad social que han supuesto las tasas a las matrículas universitarias recientemente introducidas.
Por el contrario, el país mejor valorado por sus reformas educativas ha sido Malta. En concreto, los encuestados han valorado positivamente el Alternative Learning Programme, un proyecto destinado a reducir el abandono escolar prematuro, el establecimiento de centros gratuitos de cuidado para niños (child care centres), la mejora de la formación del profesorado de preescolar y el fomento de cursos nocturnos y online para permitir más flexibilidad a la hora de estudiar. Rumanía ha sido el segundo país más valorado.
En el caso español, la necesidad de mejorar la educación es evidente, pues el país se sitúa en el puesto 16 de 22. Los expertos consideran que el problema más importante se halla en la necesidad de reducir la elevada tasa de abandono escolar prematuro (lugar 19 de 21). El segundo asunto más grave reside en garantizar el éxito educativo independientemente del origen socioeconómico del alumnado.
España también se encuentra entre los países con la ratio de actividad más bajo, el tercero empezando por la cola. En concreto, no se perciben políticas que intenten desligar el éxito del contexto socioeconómico que se ha mencionado anteriormente ni promuevan la integración de los refugiados en el sistema educativo, y muy pocas abordan una mejora de las condiciones estructurales que supongan un incremento de los recursos humanos y financieros. Es por ello que la dimensión relativa a una educación equitativa sale mal parada, pues el país ocupa el segundo lugar más bajo en un ranking de 21 países.
La situación del mercado laboral
Otro de los puntos analizados en este informe es la situación del mercado laboral europeo. Este se podría definir en tres necesidades: reducir la tasa de desempleo juvenil, reducir el número de personas paradas de larga duración y mejorar las competencias de aquellos con menos estudios.
En términos de desempleo juvenil, nueve de cada diez encuestados afirman que se necesitan implementar cambios para mejorar la situación de los jóvenes en toda Europa, pero sobretodo en el este y sur de Europa, donde este colectivo se encuentra en peor posición. Además, también se valora de forma negativa la situación de la juventud anglosajona, debido a las dificultades existentes para acceder al mundo laboral.
Tanto el caso de los parados de larga duración y las personas con un nivel bajo de competencias, un 90% de los expertos aseguran que se necesitan aplicar cambios en las políticas actuales para mejorar la situación de estos colectivos. Los países del norte de Europa, a causa de su alta empleabilidad son los países que menos necesidad de reformas tienen, y por otro lado, Hungría destaca por las buenas prácticas llevadas a cabo en la lucha contra el desempleo, con las que ha conseguido bajar en cuatro puntos su tasa de paro.
Otro de los puntos que destaca negativamente Europa en cuanto a medidas sociales aplicadas, es en el del acceso de los refugiados al mercado laboral. Del total de 19 países analizados, en 11 no se ha encontrado ninguna actividad en cuanto a políticas sociales destinadas a mejorar la situación de este colectivo.
