La batalla iniciada en 2013 tras la aprobación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) parece haber llegado a su fin. La decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas de dejar sin efecto académico las evaluaciones finales de Primaria y Secundaria, y equiparar la prueba de final de Bachillerato con la antigua Selectividad, han generado un amplio consenso entre partidos políticos y asociaciones de estudiantes, y de madres y padres.El pasado lunes 28 de noviembre se celebraba la primera Conferencia Sectorial de Educación de la nueva legislatura, un momento importante para determinar la capacidad del ministro, Íñigo Méndez de Vigo, para el diálogo y el consenso. En apenas hora y media, Gobierno y representantes de las Comunidades Autónomas alcanzaban los siguientes acuerdos, a la espera de su publicación definitiva a través un real decreto ley:
- Las evaluaciones finales de 6º de Primaria y 4º de Secundaria dejarán de ser obligatorias para pasar de curso y pasarán a ser muestrales, esto es, no tendrán que realizarlas todos los centros sino sólo una muestra;
- Todos los alumnos de Secundaria y los que cursen la Formación Profesional Básica podrán obtener el título de la ESO, independientemente de la especialidad elegida;
- La única prueba que tendrá efectos académicos será la prueba que deberán realizar quienes deseen acceder a la Universidad, que será similar a la antigua Selectividad;
- La prueba de Selectividad examinará de 4 asignaturas troncales del último curso (tres comunes y otra en función de la rama de conocimiento), y no de los previos como recogía la LOMCE, y 2 asignaturas optativas para subir la nota hasta un máximo de 14, necesario en carreras con mucha demanda;
Los ‘peros' del acuerdo
Las comunidades que salieron del encuentro menos satisfechas fueron Catalunya, País Vasco y Navarra, en gran medida porque han percibido un ataque a sus competencias en la materia. La consejera de Educación en Catalunya, Meritxell Ruiz, aprovechó la reunión para reclamar la derogación de la disposición adicional 38 de la LOMCE sobre las lenguas donde se afirma que la Administración autonómica deberá sufragar los gastos de escolarización del alumnado que no disfrute de una "oferta docente razonable" en castellano, que la consejera cifra en unos 6.000 euros. El Ministro no aceptó la propuesta y la consejera declaró que, de momento, no ven el diálogo por ningún lado.
El Sindicato de Estudiantes, uno de los agentes convocantes de las manifestaciones del 26 de octubre y 24 de noviembre pasados, ha considerado este acuerdo como efecto ineludible de la "lucha" en las calles. Ahora bien, también ha advertido que seguirán muy de cerca el Pacto sobre educación y que no lo respaldarán mientras no se cumplan sus demandas: devolución de 7.000 millones de euros a la educación pública, reincorporación de 32.000 profesores despedidos, derogación total de la LOMCE y el sistema 3+2 (tres años de grado y dos de posgrado) y una nueva relación con la Iglesia y la patronal de la educación privada.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), por su parte, se ha mostrado "satisfecha" con el acuerdo, si bien reconoce que no se fían de los cambios hasta conocer "oficialmente el contenido del Real Decreto Ley, del nuevo Real Decreto y de la nueva Orden Ministerial, y que todo ello sea correcto y esté publicado en el BOE", sostienen en nota de prensa. Además, advierte que no aceptará que las reválidas se conviertan en pruebas muestrales, pero censales si así lo deciden las Comunidades Autónomas. Y también solicitan al ministro que retire su "amenaza" de acudir al Tribunal Constitucional si no se retira la Proposición de Ley sobre la LOMCE aprobada hace unos días, como muestra de que realmente busca un pacto educativo.
La subcomisión de Educación y el decreto ley, pasos previos
Tras el acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas, el siguiente paso ha consistido en la aprobación de una subcomisión para la consecución de un Pacto educativo, el pasado jueves 1 de diciembre en la comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados. En un primer momento se debían de votar dos propuestas: una de los grupos parlamentarios Socialista y Ciudadanos, del 7 de noviembre; y otra del Partido Popular, del 11 de noviembre. Finalmente, los tres grupos han llegado a un acuerdo y se ha aprobado la creación de dicha subcomisión con los 26 votos a favor de los tres grupos proponentes y las 11 abstenciones del Grupo Mixto, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea (GCUP-EC-EM).
En el Consejo de Ministros, celebrado el día siguiente, Méndez de Vigo ha considerado los pasos anteriores como un "signo esperanzador" y ha asegurado que el consenso alcanzado el pasado lunes se traducirá "próximamente en un decreto ley". De cómo se concrete lo acordado dependerá en gran medida el éxito del ansiado Pacto.
