Las situaciones más repetidas han hecho referencia a acusaciones carentes de fundamento por parte de los padres (50%), faltas de respeto por parte del alumnado (31%), acoso y amenazas por parte de los progenitores (29%), problemas con la dirección (26%) y dificultades para dar clase (20%).
La mayoría de las denuncias provienen de profesores de Primaria (39%) y Secundaria (35%), seguidos de Infantil (6%), FP Básica (3%), Ciclos Formativos (3%) y resto de enseñanzas (14%). La mayoría de los docentes atendidos trabaja en centros públicos (88%), probablemente porque ANPE es un sindicato de educación pública, si bien la organización ofrece sus servicios a todos los docentes, independientemente de la titularidad del centro en el que desempeñan su trabajo.
En líneas generales, se observa una reducción del número de casos atendidos, aunque respecto al curso anterior ha habido un incremento de las situaciones de ciberacoso por parte del alumnado, y acusaciones y amenazas por parte de madres y padres.
Este tipo de conflictos generan consecuencias en la salud mental de los docentes. Así, un 57% de los profesionales reconocía sufrir ansiedad, un 7% depresión y un 9% se hallaba en situación de baja laboral. A este respecto, ANPE recuerda que un profesor con un estado emocional alterado no supone sólo un malestar personal, sino una reducción significativa de la calidad educativa: "Las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que interactúa el profesor agredido".
Propuesta de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar
Tras atender más de 30.000 casos desde 2005 ANPE y el Defensor del profesor proponen la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que, a su juicio, debería contar con puntos como los siguientes:
- Un programa de prevención del acoso escolar que permita detectar rápidamente dichas situaciones y proteger adecuadamente a las víctimas.
- La reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.
- El desarrollo reglamentario en todas las Comunidades Autónomas del artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes.
- Un plan específico de formación del profesorado.
- Protección jurídica del profesorado.
- Asistencia psicológica gratuita a los profesores y reconocimiento de algunas patologías psicológicas como enfermedades laborales.
- Tratamiento rehabilitador para los agresores.
El lugar adecuado para tratar estas y otras cuestiones relacionadas con la convivencia escolar son, para ANPE, la Mesa Sectorial de Educación. Mientras tanto, el sindicato se ha comprometido a continuar trabajando para mejorar la situación y consideración social de los docentes.