El sistema educativo español dispone de un exceso de regulación legal, en parte por su particular organización del Estado, con una distribución de competencias entre el Estado y las autonomías, y en parte por una excesiva instrumentalización política del sistema educativo. Estas dos circunstancias nos han llevado a un marco legal regulatorio del sistema educativo excesivo e innecesariamente complejo y, con ello, un incremento excesivo de la carga burocrática.El sistema educativo español se encuentra entre los sistemas educativos con menor autonomía "real" de los centros educativos, debido al exceso de regulación normativa mencionado con anterioridad. Ello conlleva un débil liderazgo de sus equipos directivos y un predominio de la cultura funcionarial.
Nos encontramos en un momento histórico caracterizado por el cambio continuo y acelerado, debido al vertiginoso ritmo con que aparecen las innovaciones derivadas fundamentalmente del hecho digital, y su impacto disruptivo en todos los ámbitos sociales, prácticamente sin posibilidad de una asimilación adecuada de dichas innovaciones. Al mismo tiempo, como civilización debemos afrontar los retos que imponen fenómenos globales como el impacto ambiental y la progresiva escasez de recursos naturales, así como el fenómeno de la mundialización. Todo ello genera unos niveles de complejidad y de incertidumbre en la sociedad nunca conocidos hasta el momento. De hecho, está cada vez más aceptada la idea de que estamos inmersos en un nuevo cambio de paradigma global.
En este contexto aparecen de forma continua nuevas necesidades, retos, expectativas y oportunidades que demandan una rápida capacidad de adaptación al cambio por parte de las organizaciones e instituciones. Por ello, las estrategias eficaces de adaptación al cambio son las que verdaderamente aportan valor añadido a la sociedad. Dichas estrategias pasan por un bucle continuo de aprendizaje – desaprendizaje – reaprendizaje, teniendo en el acceso permanente a la información y al conocimiento su clave principal. El sistema educativo se encuentra en el "ojo de este huracán" de este paradigma, ya que se trata de un sistema plenamente dedicado a la transmisión de la información y a la generación de conocimiento, lo que supone que sus procesos de mejora continua, adaptación y cambio son estratégicos para poder atender los retos que, en este sentido, la sociedad actual le impone para poder seguir por la vía del progreso.
Lo anteriormente planteado permite explicar en gran medida la actual crisis del sistema educativo, el cual se debate entre la necesidad de dotarse de una estructura organizativa y de una cultura del y para el cambio, y su actual estatismo, derivado del excesivo y complejo marco legal que lo regula y lo burocratiza en extremo. Además, cabe añadir su desfasada estructura organizativa con una gran inercia al inmovilismo unido a una acuciante falta de recursos. Esto está generando una brecha o burbuja educativa cada vez mayor, por la incapacidad manifiesta del sistema educativo para afrontar los retos que la sociedad le demanda.
Los equipos directivos de nuestras escuelas e institutos están formados por docentes que, en la inmensa mayoría de los casos, no poseen formación ninguna en temas de gestión, ni mucho menos en el extenso y complejo marco legal que regula nuestro sistema educativo. Solamente se exige en el acceso a la dirección de los centros docentes, la acreditación mediante un curso de formación de la función directiva (acreditación no imprescindible hasta el 2018 según la Disposición Transitoria primera de la LOMCE). Es importante considerar que las direcciones de los centros educativos, al igual que el resto de los miembros del equipo directivo, deben asumir las funciones de dirección sin una dedicación plena, debiéndola compaginar con su función docente. Esto es, a todas luces, una verdadera barbaridad teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad, la carga de trabajo y los importantes retos a los que deben enfrentarse a diario.
Según todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que los equipos directivos no se encuentran suficientemente preparados para las tareas de gestión, ni para los retos que deben afrontar. Debe acometerse de forma urgente la necesaria profesionalización de los equipos directivos, realizando cambios en el acceso a la función directiva, redefiniendo las competencias y atribuciones y estableciendo unos planes de formación inicial y continua que permitan la necesaria preparación inicial y actualización permanente de los directivos de los centros docentes. Así mismo se requiere una redefinición de los requisitos e incentivos de promoción en la carrera docente.
Finalmente cabe decir que los cambios anteriormente descritos podrían ser ineficaces si no se contemplan de forma integrada, y se llevan a cabo de forma simultánea con cambios importantes en el sistema educativo, los cuales resultan aún más acuciantes. Se requiere dotar a los centros de una estructura organizativa flexible y adecuada, y de una autonomía real que permita la adaptación eficaz del centro a los cambios continuos que le permita satisfacer las demandas, exigencias y retos de la sociedad. Además se requiera una redefinición de las competencias y atribuciones de las direcciones y equipos directivos de los centros acorde, para que puedan gestionar y liderar adecuadamente los centros hacia el cambio. Pero sobre todo resulta básico, esencial y urgente un Pacto de Estado para la Educación, junto con una reducción de la complejidad del aparato legal que regula el sistema educativo, y que permita rebajar los excesivos niveles de burocracia, incertidumbre e inseguridad existentes en la actualidad, así como la dotación de los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta transformación.
