Desde una perspectiva socio laboral, podríamos afirmar que la oferta al público de profesiones clásicas y novedosas en el ámbito del cuidado (educación, formación permanente, sanidad, apoyo, mentoría, formación de recursos humanos, etc.) es suficiente, al menos en España. Existen estudios y listados oficiales muy detallados de ocupaciones relacionados con las profesiones de ayuda (helping professions) que indican cierto progreso social en el estado del bienestar, aunque en estos momentos (año 2015) se detecta una congelación de ofertas debido a la crisis y a las políticas poco sociales del gobierno de derechas.Refiriéndose a la iniciativa pública, la preparación referida a este tipo de profesiones presenta dos facetas: a) La formación clásica basada en los estudios universitarios y b) la preparación específica, más cercana al "oficio" que a la profesión. La primera se mantiene y no ha variado demasiado en estos 20 últimos años; la segunda es más deficitaria y un tanto desordenada y atomizada. Es por ello que emergen iniciativas privadas (caras) que contribuyen a aumentar las diferencias entre personas muy cualificadas y personas menos cualificadas.
Las novísimas profesiones (incluyendo los oficios) por su novedad y exigencia de nuevas competencias laborales, reclaman de la organización política una planificación previsora, una reflexión sobre planes de estudios más dirigidos a la reorientación de personas que ya están ejerciendo una profesión concreta y un enmarque social que recoja a las poblaciones en más riesgo.
Esta brecha resulta, como afirma la OIT, en un aumento de la desigualdad no sólo por género sino también por edad. Y esta tendencia continuará por falta de información y de acercamiento a las capas de la ciudadanía menos formadas. De hecho hay oferta pero no todo el mundo puede acceder a una formación idónea ni todo el mundo sabe como reconstruir la formación previa. Por eso, se impone con cierta urgencia redefinir la formación y habilitar mecanismos más socializados -para atender a los jóvenes en situación de paro y a las mujeres, por ejemplo-; faltaría también revisar los planes formativos de la formación profesional de primer grado y de segundo grado, para adecuarlos a las necesidades sociales previstas a medio plazo; se deberían mejorar los métodos para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia; y se habría de acercar a la población convencional una información continuada de cómo van variando los oficios y las profesiones y cómo van variando sus exigencias personales y competenciales.
El sector servicios, en general, pide que los profesionales de la ayuda adquieran habilidades y competencias de sutil clasificación y delicada intervención formativa. Los planes de estudio de una oferta formativa futura deberían también facilitar la convalidación de saberes y de experiencias adquiridos para facilitar la transición de un oficio a otro, de una profesión a otra, y una orientación que conectara el bagaje adquirido con las exigencias profesionales. La oferta formativa habría de replantearse los precios de la formación para las clases medias y bajas. En fin: Para que nos entendamos: democratizar, de verdad, la formación.
