El pasado 5 de septiembre, el Gobierno aprobó la reforma de las políticas activas de empleo. El nuevo paquete de medidas incluye el Plan de Activación para el Empleo 2014-2016, el Plan Anual de Empleo 2014, la cartera común de servicios del sistema de empleo y el reparto de los 1.252 millones de euros de fondos a las comunidades autónomas, que se transferirán en función de los objetivos conseguidos.La OCDE ha emitido un comunicado en el que reconoce que los cambios avanzan "en la dirección correcta", aunque su implantación en las autonomías es lenta debido al "enfoque pasivo" de los Servicios Públicos de Empleo, que han de mejorar en eficiencia para evitar que el elevado paro se enquiste.
El informe bienal sobre la economía española del organismo internacional subraya "como reto económico más acuciante al que se enfrenta España en la actualidad" devolver a los desempleados al mercado laboral mejorando el funcionamiento de dicho mercado y reduciendo los impedimentos al crecimiento y a la demanda de empleo.
Aunque se valora positivamente la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, el comunicado destaca que las políticas activas del mercado de trabajo sólo son efectivas cuando se basan en la obligación mutua: los desempleados reciben una prestación y a cambio deben participar activamente en la búsqueda de empleo.
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha hecho hincapié en que el conjunto de medidas busca "acelerar la transición del desempleo al empleo" mediante acciones más eficaces, y ofrecer a trabajadores y empresas servicios de calidad. El objetivo prioritario del ejecutivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir con el Plan de Garantía Juvenil, pero también busca favorecer a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración y los mayores de 55 años.
