El valor de la FP es incuestionable. En los últimos años se ha posicionado como una formación práctica, específica y que responde a las necesidades del mercado laboral. Aún así, un reciente estudio de la Fundación Jaume Bofill muestra que todavía queda mucho camino por hacer para lograr que la FP tenga el prestigio que se merece.Durante la presentación del documento, los autores criticaron que se estén utilizando los ciclos formativos de grado medio como recurso para derivar al alumnado de la ESO que fracasa. La solución pasa por atajar el fracaso escolar en primaria y la ESO, evitando que los alumnos rebotados con el sistema educativo entren en la FP sin haber logrado las competencias básicas. ¿Estás de acuerdo con este estudio? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Esperamos tus opiniones en nuestro grupo de orientación en Linkedin.
Por otro lado, esta semana se ha presentado el estudio de UDIMA y CEF sobre los investigadores que trabajan en el extranjero. La principal conclusión que puede extraerse es que la mayoría desearía desarrollar su carrera profesional en el Estado, pero no pueden hacerlo por la falta de financiación estable.
En este boletín también encontrarás información sobre la situación de los trabajadores autónomos. Infojobs ha elaborado un informe que constata el aumento de la contratación de freelances. Las previsiones son optimistas: un 65% de las empresas encuestadas reconoce que contrata entre 3 y 10 freelances al año. Por sectores, el de las nuevas tecnologías, Internet y las telecomunicaciones es el que busca más freelances especializados (19% del total de la demanda); le sigue el diseño y multimedia (14% de las ofertas); finalmente, comercial y ventas e ingeniería y arquitectura acaparan un 10% de las ofertas de empleo respectivamente.
Por último, el pasado fin de semana la comunidad educativa catalana se manifestó en Barcelona a favor del sistema de inmersión lingüística. Las coordinadoras Somescola, Escola Valenciana y Assamblea de Docentes de les Illes Balears trabajan contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que establece que se deberá imponer una cuota lingüística del 25% en castellano si un solo alumno lo solicita.
