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Los recortes presupuestarios y la reforma del sistema: los retos de la universidad actual
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Los responsables del informe CYD reconocen que existe una fuerte desigualdad entre la inversión realizada por las comunidades autónomas. Así mientras que la Universidad Pública de Navarra recibe una transferencia de 9.363 euros por alumno, la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con una inversión de 3.351 euros
Además, los responsables del informe reconocen que existe una fuerte desigualdad entre la inversión realizada por las comunidades autónomas. En este sentido, afirman que "se ha producido un aumento de la disparidad entre los sistemas universitarios en lo que a los recursos públicos de los que disponen se refiere". En concreto, las diferencias pueden llegar a ser de 6.000 euros por alumno. Así mientras que la Universidad Pública de Navarra recibe una transferencia de 9.363 euros por alumno, la Universidad Rey Juan Carlos cuenta con una inversión de 3.351 euros. En la parte alta de la clasificación se encuentra la Universidad Politécnica de Cartagena (con 9.047 euros) y la Universidad del País Vasco (con 9.025 euros). En cambio, la Universidad de la Coruña (con 4.271 euros) y la Universidad de Cádiz (con 4.365 euros) son los centros que reciben menos aportación de las comunidades autónomas.
El informe también aborda la empleabilidad de los titulados universitarios, poniendo de manifiesto el empeoramiento de las condiciones en las que se produce la inserción laboral de los titulados universitarios: la tasa de paro de los graduados superiores de 25 a 64 años ascendió en el año 2012 al 14%, mientras que en la Unión Europea se situaba en el 6%.
De todas formas, estudiar un grado sigue siendo una garantía contra el desempleo, ya que la tasa de desempleo entre los jóvenes con estudios obligatorios alcanza el 32%.
Desde el punto de vista de los investigadores, la situación de la empleabilidad de los universitarios no sólo se debe a la crisis, sino también a las condiciones en las que se produce la definición de las titulaciones. Según su opinión, debería garantizarse una mayor vinculación entre la actividad docente y la presencia de los estudiantes en las empresas.
Finalmente, el informe CYD 2012 concluye que "se debería pasar de unas políticas de carácter transversal, con efectos indiscriminados sobre todas las universidades, a unas medidas que se adapten mejor a las prioridades estratégicas que cada universidad defina". En este sentido, reclaman que la reforma universitaria, que esperan que sea aprobada "con la mayor celeridad posible", contemple "un sistema de gobernanza adecuado, que refuerce la capacidad ejecutiva del rector y de su equipo de gobierno".
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