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La LOMCE establece el control estatal del 100% de los contenidos de historia
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Uno de los puntos cuestionados es que el borrador propone reformas que inciden en un mayor control por parte del Ministerio de los contenidos y horarios de las asignaturas troncales. Así, el Estado fijará el 100% de los contenidos de las materias fundamentales en primaria, secundaria y bachillerato, entre ellas historia. Esto supone un gran cambio para las autonomías con lengua propia, pues hasta ahora el 55% de los contenidos los fijaba la administración central y el resto el gobierno autonómico; en el resto de comunidades el estado fijaba el 65% de los contenidos.
Algunos titulares de Educación de las Comunidades Autónomas ya se han pronunciado al respecto, tildando la LOMCE de "inconstitucional". Es el caso de la consellera catalana, Irene Rigau, que según fuentes de su departamento, considera que este aspecto de la ley no sólo vulnera la Constitución sino el Estatut de Catalunya, "que fue aprobado por el Parlament y las Cortes Generales".
En cuanto al resto de aspectos polémicos, destacan las reválidas y las evaluaciones generales. Estas últimas se establecerán al finalizar el segundo o tercer curso de Primaria, con un examen de diagnóstico ante posibles problemas del alumno y otro de carácter general al finalizar sexto, en la que se comprobará la competencia en comunicación en la lengua materna, la competencia matemática y en ciencia y tecnología. En principio, el resultado será orientativo para los padres y el propio centro y no conllevará obligatoriamente la repetición de curso. En este sentido, se establece que como principio general solo podrá repetirse curso una vez a lo largo de toda la etapa.
A estas novedades que afectan de manera directa a los alumnos, habría que añadir un conjunto de modificaciones del marco de funcionamiento de los centros que incluyen una revisión de las funciones del Consejo Escolar, que pasa a ser un órgano enteramente consultivo, y la apuesta por la elaboración de ranking de rendimiento académico de los centros, teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas de su alumnado.
Gobierno y Comunidades se volverán a reunir el próximo miércoles, 19 de diciembre, para debatir, de nuevo, este último anteproyecto.
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