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El Gobierno sustituye "Educación para la ciudadanía" y prepara un nuevo sistema de acceso a la docencia

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La medida impulsada por Wert es substituirla por "Educación Cívica y Constitucional", una nueva materia que proporciona el conocimiento de la Constitución Española


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El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, compareció ayer ante el Congreso de los Diputados para explicar las propuestas que desarrollará su ministerio durante la legislatura. En anteriores reuniones con los representantes de las administraciones públicas autonómicas ya se trazaron algunas de las líneas básicas a seguir, como la ampliación del bachillerato a 3 años y la reducción de la ESO a también 3 años.

De llevarse a cabo esta reforma de secundaria, se ampliaría un año más el bachillerato o los ciclos formativos de grado medio, siendo obligatorio cursar el primer año para garantizar la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Cuando concluya 3º de la ESO, los alumnos tendrán que elegir entre FP o bachillerato y realizar ese primer curso obligatorio dedicado a "orientar" a los alumnos hacia la FP o a la "continuación" de los estudios de Bachillerato.

Según Wert, "el objetivo es elevar la cualificación, tanto de los que opten por el bachillerato como la formación profesional". Para justificarse ha mostrado las tasas de fracaso escolar, entre las que destaca que un 26% de la población joven no tiene titulación básica.

Otra de las propuestas, que se incluía dentro del programa electoral del Partido Popular, es eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La medida impulsada por Wert es substituirla por "Educación Cívica y Constitucional", una nueva materia que proporcionará al alumnado el conocimiento de la Constitución Española, así como la historia de la Unión Europea.

Para Wert, "Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado una seria división en la sociedad y el mundo educativo". La nueva materia tiene como finalidad formar ciudadanos "libres y responsables", evitando "cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico".

La comparecencia del ministro también ha suscitado interés por sus propuestas de renovación del estatuto del docente público. La primera medida será mantener el carácter estatal de los cuerpos de profesorado, recompensar el esfuerzo y reconocer al docente como "autoridad pública".

Además, la considerable renovación de profesores que se prevé en los próximos años debido a las jubilaciones, implica la necesidad de replantearse el acceso a la profesión. Aunque no ha especificado como se hará, el ministro propone sustituir la actual forma de acceso por otra que sí garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de los seleccionados con los resultados que obtengan.
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