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Las escuelas que segregan por sexo no recibirán financiación pública

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El anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, presentado el pasado 7 de enero en el Consejo de Ministros, establece que los centros educativos que sólo admiten niños o niñas perderían el concierto económico


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El anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, presentado el pasado 7 de enero en el Consejo de Ministros, establece que las escuelas dirigidas sólo a niños o niñas no podrán tener financiación pública.

En palabras de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la propuesta del gobierno tiene como objetivo que "nadie pueda sentirse humillado" por cuestiones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad. El anteproyecto incluye un artículo sobre igualdad en el ámbito educativo, que recoge que "en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón alguna de las causas establecidas en esta ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública." De esta forma, los centros educativos que sólo admiten niños o niñas perderían el concierto económico.

Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente en Catalunya. La European Association single-sex Education (EASSE)  ha acusado al Gobierno de redactar una ley que carece de fundamentos pedagógicos para responder exclusivamente a motivos ideológicos. La asociación ha argumentado que la enseñanza diferenciada no pretende separar al alumnado, sino que busca adaptar los diferentes ritmos de aprendizaje para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades.

En la misma línea, el secretario general de Convergència i Unió (CIU) Josep Antoni Duran i Lleida, ha considerado que retirar el dinero público a las escuelas que segregan por sexo es anticonstitucional. Para Duran, la propuesta del Gobierno "discrimina a los padres que tienen derecho a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos" y ha recordado que la Generalitat de Catalunya tiene las competencias transferidas en materia educativa.

Por otro lado, algunos sindicatos como CCOO y FETE-UGT o la confederación laica de padres de alumnos CEAPA aplauden la medida argumentando que "No se puede dar dinero público en conciertos o pagos delegados a colegios donde no se respete la igualdad en todos los sentidos".
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