El paro ha llegado en España a los 4,2 millones de personas, superando el record nunca registrado por las estadísticas y a la gran mayoría de países europeos.
Entre el segundo trimestre de 2007 y el de 2009 se han incorporado 2,38 millones de ciudadanos en las listas del desempleo.
Aunque no con tanta gravedad, España tiene en su historial varios episodios críticos. En 1976, con la crisis del petróleo, en 1992-93, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla y con la explosión de las puntocom en el 2001-02.
Si bien es cierto que durante 2007 -¡hace menos de tres años!- cuando el paro fue menor incorporando mano de obra de otros países, no se bajó de 1,76 millones de personas.
Lo cierto es que una parte del empleo en España es muy volátil. Probablemente es de poca calidad y sólo se genera si la demanda empuja de una forma muy poco sostenible, en sectores como la construcción o los servicios de poco valor añadido, en parte generados por la propia dinámica especulativa.
Por lo tanto, existe una parte del desempleo que es estructural y tiene más que ver con un sistema proteccionista que no incentiva a una parte de la ciudadanía a encontrar trabajo, particularmente en regiones del sur de España. La existencia de la economía sumergida y de la solidaridad familiar explica que no haya una auténtica revolución social.
Por otro lado, el desempleo se entiende por qué el modelo productivo español, en el caso de determinadas empresas, no es competitivo y parte de un elevado grado de endeudamiento. Con la crisis internacional y la pérdida de la confianza de los consumidores estas empresas no han superado una reducción de la demanda.
El problema importante, sin embargo, es que ni la legislación ni la cultura empresarial han favorecido el mantenimiento de los puestos de trabajo. La reacción de las empresas -el despido- se produce cuando no se valora la formación y experiencia, es decir, las competencias de los trabajadores.
Las leyes no acaban de facilitar la reducción del horario de los trabajadores. El gobierno podría complementar la disminución de los ingresos de los trabajadores con una aportación adicional de recursos para las personas que quieran dedicar el tiempo sobrante a hacer formación especializada para prepararse para cuando la economía se vuelva a calentar. Esto sería una prestación parcial de desempleo compatible con el empleo a tiempo parcial de trabajadores que, de otra forma, serían despedidos causando una prestación de desempleo completa.
Al final, ¿no es mejor apoyar la formación continua a personas que no abandonan definitivamente el mercado de trabajo que no pagar el subsidio de desempleo a personas que acaban de pasar por un despido, con todos los efectos emocionales y económicos que ello supone?
No podemos permitirnos la destrucción de más puestos de trabajo ni el cierre de más empresas. Y la mejor manera de generar empleo estable es preparar personas competentes.
Enric Renau
editor
