El Decreto se pondrá en marcha este año y tendrá una dotación de 3,5 millones de euros para evaluar a 8.000 personas. Las dos primeras convocatorias estarán relacionadas con los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia.
Las administraciones educativas y laborales realizarán las convocatorias correspondientes para que los ciudadanos puedan demostrar sus conocimientos y habilidades en un completo proceso de evaluación que, una vez superado, les permitirá obtener una acreditación oficial y convalidarlo por la parte correspondiente de un ciclo de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad.
El proceso de evaluación se divide en tres fases: asesoramiento, evaluación y acreditación y finalmente, registro de la competencia profesional.
- El Asesoramiento tiene como objetivo ayudar al candidato a autoevaluar su competencia, completar su historial personal y formativo y presentar evidencias que lo justifiquen. El proceso podrá realizarse de forma presencial o a través de medios telemáticos.
- Durante el Proceso de evaluación se tendrá en cuenta el informe del asesor y la documentación aportada por el candidato. La finalidad es comprobar si el se demuestra competencia profesional en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.
- Acreditación de la competencia profesional: a los candidatos que superen el proceso de evaluación se les expedirá la acreditación de cada una de las unidades de competencia en las que hayan demostrado su habilidad profesional.
Para acreditar experiencia laboral se deberán justificar al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas. En el caso de querer acreditar la formación no reglada, habrá que justificar haber participado en al menos 300 horas de cursos en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
