La evaluación de la calidad se puede plantear como un trámite o como un mecanismo de mejora permanente. Si es un trámite se trata de un proceso burocrático, más o menos complejo, que sirve para acreditar oficialmente que un centro escolar u universitario está preparado para cursar una determinada formación. Si existe la acreditación oficial, aparece la posibilidad de "ofrecer” un título oficial, reconocido y subvencionado públicamente por las instancias administrativas.
Como ejemplo, de los 1.784 títulos de máster y los 860 de doctorado existentes en España, sólo un tercio fueron acreditados, es decir, cumplieron el primer trámite. La baja acreditación se explica, en parte, por la incertidumbre y precipitación del proceso de acreditación organizado desde el Gobierno, en parte, por la mala estructuración interna de las Universidades.
Pero de la evaluación de la calidad en los postgrados interesan, sobre todo, las lecciones de lo que es posible mejorar y, especialmente, las medidas a tomar. Y aquí observo poca transparencia o claridad.
Por ejemplo, en la concreción de si se trata de un programa dirigido a la actividad científica o a la profesional. Otro de los aspectos a definir en detalle: los criterios de admisión de los alumnos. También es central aclarar qué profesorado es el responsable de la formación troncal del curso y de su nivel de exigencia. Finalmente, se deben definir claramente los recursos humanos y materiales disponibles para cada curso de postgrado.
La ANECA exige, además, que la gestión y la propiedad de los cursos sean de la Universidad y no de las entidades externas que los puedan impulsar o esponsorizar. A su vez, la entidad oficial acreditadora, siguiendo la Ley, prima la contratación de personal interno antes que la apertura de puertas a profesionales del mundo de la empresa o de la administración.
La acreditación de la calidad en la esfera pública se vincula, pues, a procesos de formalización administrativa por una parte, pero también a procesos de contratación y gestión de personal, a exigencia de responsabilidades académicas y institucionales dentro de la Universidad y al análisis de la satisfacción de los destinatarios.
No estoy convencido que a los programas de postgrado de mayor prestigio internacional o local les interese someterse a la disciplina pública si con su prestigio y notoriedad tienen suficiente para llenar sus aulas con matriculados dispuestos a pagar lo que haga falta. Tampoco tengo claro que todas aquellas universidades que puedan homologar sus cursos según los criterios de la ANECA tengan la misma calidad ni que la acreditación sea garantía de la mejora permanente.
Enric Renau
Editor
editor@educaweb.com
 Opina sobre este tema en nuestro Foro |
