El nuevo equipo ministerial de Trabajo e Inmigración del Gobierno de España tiene ante si unos retos espectaculares.Por un lado, gestionar la reubicación de la población ocupada en actividades relacionadas con el sector de la construcción. Un sector que, como se esperaba, se está deshinchando, trimestre a trimestre, aunque quizás de forma más drástica de lo explicitado oficialmente.
Por otro lado, como también es sabido, la actividad constructora inmobiliaria y la colindante (instaladores, carpintería, fontanería, etc.) era realizada en un porcentaje altísimo, por personas llegadas de otras partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, Magreb y los países del este europeo.
Finalmente, está el reto de la conciliación de la prestación adecuada de servicios básicos (educación, salud, servicios sociales) a todos los ciudadanos, independientemente de su origen, con unos presupuestos públicos menos expansivos y, más dedicados al gasto social (paro, pensiones, apoyo a las familias que llegan con dificultad a final de mes).
Lo cierto es que el reto parece la cuadratura de un círculo, que no tiene mucho de virtuoso, para los próximos años.
No obstante, también es posible que la desaceleración económica ralentice la llegada de población inmigrante e incluso comporte algún retorno al país de origen, una frenada del abandono escolar debido a la disminución de la presión del mercado laboral y una reducción de la inflación y quizás de los precios de la vivienda.
Una de las respuestas del Gobierno es impulsar la orientación profesional a través de la contratación de 1.500 asesores que apoyarán a los parados, los jóvenes que no encuentren empleo y a quienes deseen cambiar su trayectoria profesional.
Me parece una buena decisión. El orientador profesional tiene unas competencias que combinan el análisis particular de cada usuario en relación con sus competencias profesionales y personales con el conocimiento y análisis de las necesidades empresariales y de las características del mercado de trabajo local al que se deben. Si el presupuesto está bien dotado y se implica a las comunidades autónomas en este proceso como administraciones competentes, puede dar sus frutos.
Quizás este Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral no sea suficiente para evitar las consecuencias laborales del cambio de ritmo económico que ya ha llegado. Pero la reacción ha sido rápida y certera, digna de nuevos dirigentes públicos que conocen el percal y puede paliar algunos efectos y anticipar algunas soluciones.
Enric Renau
Editor
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