Esta situación se suma al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha manifestado que permitirá la objeción de conciencia y eximirá a los alumnos de la obligación de ir a clase y ser evaluados.
En respuesta a estas afirmaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, alertó de la gravedad de incumplir la Ley Orgánica de Educación (LOE) y lamentó que el Ejecutivo madrileño "politice” y "ponga en peligro” la educación de los menores.
Por su parte, Izquierda Unida ha exigido que el Poder Judicial ponga fin a la confusión que ha generado la sentencia andaluza, que va en sentido contrario a las dictadas en Cataluña, Asturias y Aragón.
Concretamente, el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Teruel hizo públicas dos sentencias en las que desestima los recursos presentados por dos familias de la localidad de Alcorisa, que reclamaban su derecho a acogerse a la objeción de conciencia para que sus hijos no asistieran a las clases de esa materia.
En este caso, el juez entiende que el hecho que estos alumnos asistan a clase de Educación para la Ciudadanía "no vulnera derecho fundamental alguno”, ya que la finalidad de esta asignatura es ”ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución”.
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