La nueva Ley Educativa de marzo 2007, introduce en la enseñanza primaria y secundaria de las escuelas de España, una asignatura denominada "educación para la ciudadanía”, con la voluntad de que en los centros se transmitan conocimientos y valores que motiven a los estudiantes a ser personas comprometidas con la comunidad en la que viven: los vecinos, el barrio, la ciudad, el país, el planeta etc.
En la medida que los individuos abdican de sus compromisos cívicos y las familias se relajan en su papel educador y transmisor de valores, los Gobiernos piensan que deben actuar. Como tienen capacidad de actuar sobre los centros educativos, intentan que sean los maestros y profesores los que eduquen en la urbanidad, en la comprensión multicultural, en el amor a la patria, en el respeto ecológico, en las actitudes democráticas.
Pero sin negar que de algo pueda servir la asignatura, estos aspectos cívicos se aprenden, sobre todo, del ejemplo cotidiano de madres y padres y de los mensajes que se transmiten desde los medios de comunicación y los líderes de opinión que, verdaderamente, influyen en los niños y jóvenes.
Por eso, el ejemplo que dan algunos líderes de partidos políticos, responsables de algunas federaciones de padres y una parte de la iglesia no es de recibo.
Como se demuestra en la noticia del boletín 243 la Ley permite varias interpretaciones de aspectos que tienen un carácter moral o cultural como temas de sexualidad (aceptación de la homosexualidad), tipos de familia (monoparental, adopción), el aborto o la eutanasia, la aceptación del carácter pluricultural, plurinacional y plurilingüístico de España y de la diferencia con personas de otras culturas, religiones y etnias.
Lo lógico sería que Gobierno y representantes de entidades y de la iglesia den un buen ejemplo aceptando, por un lado, la Ley y, por otro, adecuando cada centro y cada docente los contenidos de la asignatura a los principios y criterios que configuran su manera de educar, incluyendo los valores cristianos.
Ni el gobierno tiene que adoctrinar a la población, ni los colectivos de centros religiosos o asociaciones de padres pueden hacer "objeción” utilizando esta asignatura como excusa para librar su batalla particular.
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Enric Renau
Editor
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