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La nueva formación profesional para el empleo
Artículo de opinión
Los planes formativos del modelo Contratos Programa están dirigidos y sometidos casi en un 100% por los agentes sociales (CC.OO., UGT, CEOE Y CEPYME) y por las grandes consultoras y gestoras de formación que lo subcontratan. En este sistema, los verdaderos profesionales de la formación (Academias, Centros de Estudios y empresas de formación) sólo se limitan a prestar servicios de alquiler de aulas y de equipos didácticos (cobrando por ello aproximadamente 1/3 de la subvención total recibida), dándose la incongruencia que desde el año 1995 son los últimos de una cadena donde conviven en el mercado de la formación con la competencia alevosa y desleal de los interlocutores sociales.
Con el modelo de Formación Continua Bonificada, las empresas y los trabajadores pueden elegir directamente a sus proveedores de formación en base a sus verdaderas necesidades, pudiendo contratar los cursos directamente a empresas especializadas en formación (Centros de Estudios o Gestoras), evitando de este modo a los intermediarios. Tiene el inconveniente de que es obligatoria la participación de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que los costes de formación se recuperan mediante las bonificaciones de los TC de las empresas.
Durante los últimos años se ha estudiado un nuevo modelo de Formación Continua que mejore el anterior, y ello ha motivado que se firmara en febrero de 2006 el ACUERDO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, que intenta mejorar la formación y el aprendizaje permanente en nuestro país, tratando de superar las insuficiencias del sistema hasta la fecha vigente y mejorar la competitividad, el empleo y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. En la actualidad se está a la espera que se publique un Real Decreto regulador de la Nueva Formación Profesional.
Este nuevo modelo, basándose en la Ley de las Calificaciones y de la Formación Profesional, establece una integración de la Formación Ocupacional y la Continua, orientadas ambas al empleo. Además, para fomentar la participación de los desempleados y trabajadores en los cursos de formación, se sigue manteniendo el principio de gratuidad, garantizado mediante la financiación a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con base en la cuota de Formación Profesional, la aportación del Estado y la co-financiación (cada vez menor) del Fondo Social Europeo.
El Acuerdo plantea un modelo de Formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado, lo que dificultad su propia implantación y la lentitud en el diseño de instrumentos, ya que siempre se busca el consenso y beneplácito de las 17 Comunidades Autónomas.
Por otro lado, se refuerza de un modo abusivo el papel de los agentes sociales, ya que participan en la planificación a través de la Fundación Tripartita, fijan los criterios en la Comisión Estatal, aprueban la planificación de la oferta de formación, participan en la gestión, son entidades solicitantes de la formación y lo imparten y gestionan de un modo directo o mediante subcontratación.
Por ello, la reforma puesta en marcha, se apoya de nuevo en la concertación social entre Gobierno e Interlocutores sociales (los grandes beneficiados del modelo), y al mismo tiempo profundiza en la capacidad de gestión de las Comunidades Autónomas y en su cooperación con la Administración General del Estado. Todo ello hace que la Formación Continua en España esté controlada y guiada en su mayoría por los sindicatos CC.OO. y UGT, y la patronal CEOE y CEPYME, y que la configuración de la estructura organizativa se duplique debido a que participan al mismo tiempo Administraciones Públicas de ámbito estatal y autonómico.
Nunca los agentes sociales hicieron tampoco y recibieron tanto.
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