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El tribunal supremo prohibe a los colegios concertados el cobro de cuotas obligatorias
Noticia
Rosa Cañadell, la portavoz de Ustec-Stes, sindicato mayoritario en la enseñanza pública que hizo público el auto del TS, ha asegurado que la decisión del Supremo, que ya no es recurrible, 'es una victoria moral'.
El departamento inició un procedimiento sancionador contra la escuela Pía y la obligó en diciembre de 2001 a devolver a estos padres las cantidades que habían abonado en concepto de aportación a una fundación, y que ellos creían que era obligatoria.
Esta decisión fue recurrida por la escuela, primero ante el TSJC, que en diciembre de 2004 desestimó el recurso por entender que habían padres que desconocían el carácter voluntario de estas aportaciones, y luego ante el Supremo, que ha desestimado también el recurso.
La misma situación que en Olot ha vuelto a vivirse en el colegio concertado Maria Anna Mogas de Granollers (Barcelona), el cual pertenece a las Franciscanas Misioneras del divino Pastor y escolariza a unos 600 alumnos.
Un informe de los servicios de inspección de Educació General de Cataluña, presentado el pasado 31 de mayo, señala que la escuela presenta una serie de irregularidades que suponen "un incumplimiento grave de las condiciones del concierto educativo”. Entre tales anomalías figura el cobro anual de una cuota, denominada Déficit de Gestión Financiera y presentada ante los padres como contribución obligatoria. Además, durante los últimos dos años el colegio religioso ha cobrado recibos por las actividades complementarias que allí se impartían y las cuales precisan de la aprobación de la Generalitat. La conselleria de Educació solamente dio el visto bueno al pago de los alumnos de primaria que realizaran actividades de natación, informática, talleres de expresión oral y cálculo y, no del resto de pagos mensuales que la escuela tramitó.
Ante tanta polémica las escuelas concertadas se defienden alegando que las cuotas que cobran a los padres en contribución a la financiación del centro "son voluntarias, pero imprescindibles para el mantenimiento de la escuela y su actividad, dado que la financiación pública es insuficiente y obliga a buscar otros apoyos", explicó ayer Enric Puig, secretario general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que agrupa a 423 de los 700 centros concertados.
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