La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de finales del 2001 ha sido modificada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque la reforma ha sido criticada por el PP, y por lo tanto, no ha existido consenso político, parece que los cambios han sido, en general, bien acogidos por la comunidad universitaria. La Ley, por un lado, retorna autonomía a las universidades, a las que exige mayor asunción de responsabilidades y sobre las que se plantean políticas de evaluación a través de una ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que pasa de fundación privada a agencia estatal. Las universidades tienen que asumir, de una vez por todas, y una a una, el reto del Espacio Europeo de Educación Superior. Sin autonomía no pueden adaptarse a un entorno europeo, en general, más liberalizado.
Las comunidades autónomas, con competencias exclusivas, cooperarán y se coordinarán entre ellas y con el Gobierno del Estado a través de la nueva Conferencia General de Política Universitaria para programar a nivel general las enseñanzas y tratar los temas de equipamientos, instalaciones, personal, financiación e investigación. Se respira, pues, un agradable ambiente de mayor descentralización política.
El profesorado ya no tendrá que habilitarse, sino que deberá acreditarse ante un tribunal de prestigio, pero serán las universidades las que decidirán entre los profesores acreditados a quién seleccionan, intentando favorecer la movilidad, aunque con riesgos de endogamia. La reforma es menos reglamentarista e intervencionista.
En relación con la investigación, no se apuesta por dotar de mayor presupuesto a la investigación básica, simplemente porque no existe memoria económica acompañando la Ley, algo que debería ser exigible cuando se proponen cambios. Se pretende estimular la creación de plataformas tecnológicas, aunque dudo que impliquen de forma sensible al sector privado. Se facilita que un profesor funcionario pueda disponer de una excedencia de 5 años como máximo para incorporarse en una empresa de base tecnológica, siempre que sea financiada al menos parcialmente por fondos públicos. Mucha endogamia, de nuevo, y determinados privilegios de los proyectos empresariales universitarios que rozan o sobrepasan la competencia desleal. Además la innovación no debe ser sólo cosa de la informática y la tecnología, sesgo que sufre esta Ley.
En general, pues, bienvenida sea la reforma, aunque deberíamos estar atentos a cómo se aplica y, cómo se financian los cambios.
Enric Renau
Editor
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