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Los funcionarios podrán ser destituidos de su cargo pero conservarán su empleo
Noticia
Los funcionarios ya no tendrán un puesto para toda la vida. El nuevo Estatuto de la Función Pública obligará a los empleados de la Administración a pasar unas evaluaciones periódicas si quieren conservar su cargo. En el caso de que no cumplan con sus obligaciones, se les podría cesar del puesto que tienen asignado y trasladarlos a una nueva tarea.
El futuro estatuto, que no determina cuáles serán los mecanismos de evaluación a seguir, no hará distinciones y afectará por igual a cualquier empleado público (2.400.000 personas). No obstante, en el artículo 4, el anteproyecto señala que el personal docente y el personal estatutario de los servicios de salud se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley.
El ministro dejó claro que no habrá despidos por el incumplimiento de funciones, pero apuntó que habrá unas retribuciones salariales complementarias (fijadas por cada administración), que dependerán de los resultados de esas evaluaciones, así como de la dificultad del cargo a desempeñar, el grado de interés del trabajador y el esfuerzo que ponga. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas.
El nuevo estatuto modificará también las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos. Las pruebas tradicionales se completarán con cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
El sistema de provisión de puestos de personal funcionario se realizará mediante concurso y libre designación con convocatoria pública. El anteproyecto articula un modelo de promoción por el que se introduce la carrera profesional horizontal, es decir, la posibilidad de progresar sin cambiar de puesto de trabajo. Con ello, el Gobierno quiere frenar la tendencia al crecimiento de las estructuras verticales. En este sentido, se creará la figura del personal directivo, que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión.
Reducir la temporalidad
La nueva ley contempla también una reducción de la tasa de temporalidad en el sector público. El texto obligará a los Ayuntamientos a rebajar su nivel de temporalidad por debajo del 10% (la tasa está en torno al 30%). En el caso de las comunidades autónomas, éstas tendrán que reducir sus contratos temporales, aunque los porcentajes no están fijados.
UGT advirtió de que no admitirá que en el futuro estatuto se incluyan sistemas de evaluación que permitan premiar o castigar de manera discrecional a los empleados. CCOO consideró «positiva» la propuesta del Gobierno de evaluar el trabajo de los funcionarios y de destituirlos si no es correcto, pero exigió que se garantice la transparencia al llevar a cabo esa tarea.
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