En el pasado siglo XX, España ha sido un país de emigrantes. Colonias, pobreza, guerra, exilio político, y paro fueron, en resumen, los factores que favorecieron que en España se produjera este proceso tan duro de tener que abandonar, forzadamente, tu hogar para sobrevivir. No obstante, no toda la inmigración se desplazó fuera de las fronteras del Estado. Importantes flujos del campo a la ciudad y de las comunidades más pobres a las más ricas se han ido sucediendo. En cambio, desde la década de los 90 del siglo XX hasta la actualidad, -y sumando- la sociedad española se ha convertido en receptora de inmigrantes de Latinoamérica, del Magreb o de la Europa del Este, mayoritariamente.
La inmigración es un fenómeno que no se explica sin ver las dos partes: una sociedad receptora enriquecida que necesita mano de obra para realizar trabajos que sus ciudadanos ya no aceptan fácilmente y unos grupos humanos que se atreven a abandonar sus hogares maternos para progresar económicamente, aunque sea a costa de realizar trabajos de características distintas.
Ello significa que a los sistemas educativos que, tradicionalmente, les ha correspondido la misión de transmitir conocimientos y construir ciudadanos se les añade una nueva tarea: la socialización de jóvenes llegados del extranjero.
Este proceso de socialización no es sólo tarea de la escuela. Pero es en los institutos y colegios donde se visibiliza más fácilmente el éxito o el fracaso de un proceso de integración socio-cultural de un país.
Los centros educativos, para bien o para mal, son las instituciones a través de las cuales los jóvenes inmigrantes aprenden los idiomas vehiculares, comprenden las costumbres y valores autóctonos y vehiculan los temores e incertidumbres, las ilusiones y alegrías de los nuevos residentes. También es el lugar donde se forman para una actividad laboral futura.
Para ello se han diseñado planes de acogida, se proponen medidas de personalización de la atención, de refuerzo escolar, se forma a profesores en intervención educativa, se aprueban ayudas y amplían recursos.
En este monográfico se señalan varias iniciativas de interés que demuestran que muchos ya se han puesto manos a la obra.
Sin embargo, lo que me gustaría remarcar aquí es que el volumen de personas inmigrantes por aula es una variable determinante para asegurar el éxito o el fracaso en la integración socio-educativa. Según el estudio "Inmigración y transformación social” dirigido por Enric Argullol y Guillem López Casasnovas, la presencia de inmigrantes es negativa para el conjunto de una clase cuando la cifra supera el 6%, es decir, más de 3 por aula. A partir de esa cifra, baja el rendimiento, exponencialmente, del conjunto clase, inmigrantes incluidos.
Esto conlleva un grave problema porqué lógicamente, la población inmigrada busca alojamiento donde los precios son más asequibles y además el reagrupamiento familiar es del todo natural.
Por lo tanto, seguramente no me equivoco si señalo que una de las mejores acciones políticas en esta materia pasa por ser muy exigente en la política de distribución de la población inmigrante por todo el país y todo tipo de instituciones educativas -públicas y privadas- y aulas. Seguramente, para ello deberán hacerse políticas de apoyo a la movilidad (transporte, comedor, etc.) y de conciliación de la vida familiar y laboral.
También el desarrollo de la Formación Profesional, más dirigida a la aplicación inmediata de la actividad docente hacia el mundo de los oficios y del trabajo, puede ayudar a la inserción de los nuevos ciudadanos venidos de otras partes del mundo.
Las políticas públicas de integración de la inmigración, por lo tanto, tienen que ser como mínimo transversales, y acometer la gestión de este importante fenómeno con valentía y no cerrando los ojos ante una realidad patente, como si fuera, exclusivamente, un problema escolar.
Y si no, miremos a Francia.
Enric Renau
editor
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