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Movilizaciones, enmiendas a la totalidad y petición de un Pacto de estabilidad marcan la tramitación de la Ley Orgánica de Educación
Noticia
La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha entrado en trámite parlamentario y previsiblemente se aprobará antes de que finalice el año. El texto pasará su primer debate en el Congreso el 3 de noviembre, tras la presentación de enmiendas de los diferentes partidos. En este contexto, diversas organizaciones, sindicatos y asociaciones de padres y madres han convocado una manifestación contra la LOE para el 12 de noviembre en Madrid.
A las organizaciones ANCEE (Asociación Nacional de Centros de Educación Especial), APS (Asociación de Profesores de Secundaria), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CES (Confederación Nacional de Estudiantes), CODE (Coalición Democrática de Estudiantes), COFAPA (Confederación de Padres y Madres de Alumnos), FEF (Foro Español de la Familia), PTE (Plataforma Tiempo de Educar) y USO (Unión Sindical Obrera. Federación de Enseñanza), se han adherido también el Instituto de Política Familiar, E-cristians y la plataforma "Tiempo para Educar”, entre otras. Para coordinar las acciones de movilización, los organizadores han creado una página Web en la que se puede consultar el manifiesto de la convocatoria (http://www.loe-no.org/manifiesto.htm).
"Contra el fracaso escolar”, "Por el prestigio de la enseñanza” y "Por una educación en libertad” son los principales lemas que resumen las razones de la movilización del 12 de noviembre en Madrid. En referencia al primero de ellos, se mostró en desacuerdo el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. En declaraciones recogidas por Europa Press el pasado 15 de octubre, Tiana señaló que respeta la convocatoria de movilización pero añadió que el proyecto contiene un "gran conjunto de medidas” encaminadas a luchar contra el fracaso escolar. CONCAPA también menciona la necesidad de incluir medidas que prestigien el trabajo de los docentes y señala que empeora la situación laboral de los profesores que imparten religión, asignatura que queda marginada con la LOE.
Enmiendas a la totalidad de PP y CiU
PP y CiU son los dos partidos que han presentado al Parlamento una enmienda a la totalidad para pedir la retirada de la LOE, cada uno por su lado. Lo hicieron el pasado 26 de octubre. Los socialistas negociaron hasta última hora con el grupo catalán, sin llegar a una "solución satisfactoria” según el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida. Durán i Lleida comentó a Europa Press que CiU ha decidido presentar la enmienda a la totalidad por entender que la LOE mantiene una estructura "excesivamente reglamentarista”, no es fruto del consenso y no resuelve algunos "retos” del sistema educativo.
El PP ha presentado un texto alternativo que, con algunos retoques, reedita la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) aprobada en el mandato de Aznar. La principal novedad es que la propuesta viene acompañada de una memoria económica. Según los cálculos del PP, serían necesarios 7.221 millones de euros en cuatro años para poner en marcha su reforma, unos 1.200 más que los 6.032 que estableció el Gobierno para la LOE. El PSOE ha calificado, según recoge Europa Press, de "irónico” que el PP presente una memoria económica ahora cuando al llevar la LOCE al Parlamento no la acompañó de propuesta financiera, que posteriormente "ocultó”.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado crítico con el proyecto de LOE, "que se carga las enseñanzas comunes en toda España”. Rajoy argumenta que la LOE rebajará los contenidos mínimos que deben estudiar todos los alumnos en España, el 65% en las comunidades autónomas que tienen una lengua oficial y el 55% en las que tienen dos, rompiendo la "unidad de España”. La LOE establece que las enseñanzas básicas "no requerirán más” de estos porcentajes. La LOCE dice que estas enseñanzas "serán como mínimo” los citados porcentajes.
Esta posición del PP se incluía en el documento Por un pacto por la Educación que el PP envió el pasado mes de septiembre al Gobierno, en el que planteaba sus reivindicaciones educativas previas a la consecución de un acuerdo sobre la reforma educativa. Además de la citada petición de una formación básica común, el PP reclama dar más relevancia al estudio como primer deber de los alumnos. El tercer elemento de debate es la libertad de elección de centro y el respeto a los conciertos educativos.
Desde la presentación de la LOE, la Ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se ha mostrado abierta al debate y dispuesta a llegar a un acuerdo educativo del PP. De hecho, el pasado 21 de octubre, San Segundo manifestaba a Europa Press que recogía "con simpatía” la intención del PP de presentar una memoria económica junto a su enmienda a la totalidad del texto de la LOE. "Lo veo con cierta simpatía porque quiero creer que es un signo de que vamos convergiendo todos en qué necesita el sistema educativo”, afirmó la ministra. San Segundo, recordó que su Departamento ha adjuntado a la reforma la memoria económica "más amplia” que ha tenido "nunca” una ley educativa.
Petición de un pacto de estabilidad
Por otro lado, a mediados de octubre, diversos representantes de la comunidad educativa pidieron a los partidos un Pacto de Estado para la Educación. Sindicatos, patronales y confederaciones de padres y madres pidieron a los partidos en la Comisión de Educación del Congreso que firmasen un pacto para dar estabilidad al sistema de enseñanza y reducir las cotas de fracaso escolar, información recogida por El País el pasado 17 de octubre.
La presidenta de la asociación laica de padres de alumnos (CEAPA), Lola Abelló, dijo que la educación ha de ser un "asunto de Estado" y subrayó que "echa de menos una apuesta económica mucho mayor, medidas para que los padres puedan conciliar la vida familiar y laboral y el impulso a la autonomía de los centros educativos". El discurso del presidente de la asociación católica de padres de alumnos (CONCAPA), Luís Carbonel, se dirigió a atacar la ley elaborada por el Gobierno. "La LOE provocará una fractura social de imprevisibles consecuencias y eso es condenar la ley al fracaso".
Abogó también por el pacto el secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y Educación y Gestión, Manuel de Castro: "Se necesita un acuerdo político y social que aborde con sentido común las necesidades y los problemas de la escuela", aunque "no a cualquier precio", dijo. Los diputados han escuchado también la petición de un acuerdo educativo por parte de la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Isabel Bazo, si bien matizó que "no hace falta inventar lo ya inventado".
Memoria económica "insuficiente”
Todos los sindicatos coincidieron en considerar "insuficiente" la memoria económica que acompaña a la LOE y reclamaron una ley de financiación que garantice una inversión educativa anual de, al menos, un 6% del PIB. "Una de las garantías del éxito educativo es la inversión económica y estamos muy por debajo de la media europea", denunció el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos.
El secretario general de los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES), Augusto Serrano, censuró que "cerca de la mitad" de las inversiones previstas en la memoria sean para concertar la enseñanza infantil (3 a 6 años). El líder de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López Cortiñas, exigió a la Administración central y a las autonomías "un pacto de financiación". Y el presidente de Enseñanza de CSI-CSIF, Eliseo Moreno, reclamó apoyo a la escuela pública y una ley realista con una financiación adecuada. El vicepresidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, echó en falta criterios para incentivar a los profesores y un plan para mejorar la convivencia escolar.
Luís Guridi, vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), expuso, de manera cruda, "las muchas situaciones irregulares acumuladas estos años" y las denuncias que se han visto "obligados" a presentar ante los tribunales. "Los profesores de religión no quieren privilegios, sólo el mismo trato que al resto de los trabajadores, o sea la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Función Pública.
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