En democracia, se afirma que cualquier idea puede ser defendida siempre que siga los principios del estado de derecho. El Estado Español dispone de una Constitución aprobada en 1978, después de 40 años de dictadura franquista y de un pasado movido. A partir de la Constitución se organiza el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. España es un estado descentralizado a partir de las nacionalidades y regiones establecidas como autonomías que también disponen de capacidad normativa y gobiernos autónomos. La interpretación de la Constitución está a cargo del Tribunal Constitucional, exclusivamente, organismo que todos los poderes deben acatar.En Catalunya, su Parlament ha aprobado esta semana, con un 88,8% de los diputados y 4 de los 5 partidos con representación parlamentaria a favor una propuesta de reforma de su ley básica, el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con la legislación vigente. Queda pendiente su aprobación en el Congreso de los Diputados español, al ser, el Estatuto de Catalunya, una ley orgánica de carácter estatal.
En el ámbito educativo, por ejemplo, no hay grandes cambios respecto al texto vigente, excepto la voluntad de que las denominadas competencias exclusivas, ya vigentes, no puedan ser laminadas por leyes estatales excesivamente reglamentistas. También destaca el artículo 21 en el que se incorporan, por primera vez en un texto de ámbito español, los derechos y deberes en el ámbito de la educación que garantizan una educación pública y laica, de calidad y en condiciones de igualdad, la gratuidad en todas las etapas obligatorias, el derecho a la formación profesional y permanente, a las ayudas públicas en caso de necesidad, el derecho a la participación de alumnado y familias y el derecho a la elección de centro y la posibilidad de la formación religiosa.
La gran mayoría de catalanes nos sentimos orgullosos del texto estatutario -incluidos los artículos sobre educación- porque actualiza nuestra ley de autogobierno considerando las nuevas necesidades: políticas relacionadas con el fenómeno de la inmigración, aparición de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), globalización, entrada en la Unión Europea, etc., que, en 1979, no estaban ni contemplados. Además el Estatuto de Autonomía, explicita el hecho nacional de Catalunya y propone un modelo de financiación que no limite el crecimiento de la economía y permita disponer de las infraestructuras necesarias a la sociedad catalana. Asume también su integración en España y su voluntad de contribuir solidariamente con las personas y regiones más desfavorecidas, aunque no ilimitadamente.
Es un texto planteado de forma impecable y dentro de la normativa vigente en el ámbito español según señala el Consell Consultiu del Parlament catalán.
El problema que se detecta es que esta propuesta de nuevo estatuto, aunque probablemente constitucional, sacude el status quo político y económico. Modifica las relaciones de poder centro-autonomía y significa otra interpretación de la Constitución y de España, al estilo federal de Alemania o de los Estados Unidos. Se aleja del centralismo jacobino francés.
Sin embargo, sin que el Congreso, el Senado y si hace falta, el Tribunal Constitucional se hayan pronunciado, ya aparecen por doquier "expertos constitucionalistas” desde la propia monarquía, el ejército, el poder judicial, los partidos políticos, otras comunidades autónomas y los medios de comunicación que aseveran lo que es correcto o no, lo que es posible o no.
¿Es esto pedagogía democrática?
No es necesario ser catedrático de ciencia política para comprender que esta presión política tiene por voluntad crear una corriente de opinión negativa ante una decisión legítima y democrática del Parlament de Catalunya. Una corriente que impida a España asumir de forma natural su pluralidad nacional, cultural, lingüística y política y con ella fortalecerse como Estado moderno y democrático, que acepta su diversidad con normalidad y seguridad.
Enric Renau
editor
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