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El problema surge cuando la nueva regulación va a optar por escoger la denominación "máster” para la reformulación de los hasta ahora llamados "segundos ciclos”

Artículo de opinión


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Jordi de Falguera, director de Programación del IDEC de la Universitat Pompeu Fabra
Hemos asistido en los últimos años a una proliferación sin control de postgrados y másters impartidos por universidades y centros privados de toda índole. Este crecimiento ha afectado por igual a prácticamente todas las áreas de conocimiento y a todos los sectores de actividad. Como es de esperar en cualquier proceso de este tipo, este crecimiento poco controlado ha provocado más problemas de los que ha resuelto.

En este contexto, parece evidente que se hace del todo necesaria una regulación y una uniformización de la oferta de másters y postgrados en nuestro país. Dicha regulación se enmarca, además, en el proceso de convergencia de las estructuras de enseñanza superior en el conjunto de la Unión Europea, paso previo imprescindible para posibilitar la movilidad de los estudiantes y para el reconocimiento transnacional de las titulaciones universitarias europeas. Conviene pues, dar la bienvenida al desarrollo de los nuevos textos legislativos.

El problema surge cuando según todos los indicios la nueva regulación va a optar por escoger la denominación "máster” para la reformulación de los hasta ahora llamados "segundos ciclos”. Se trata, pues, de programas concebidos para estudiantes a dedicación completa impartidos por las universidades dentro de sus estudios oficiales y, por lo tanto, a precios públicos.

Aunque se incorpora explícitamente la voluntad de especialización profesional de algunos de estos nuevos programas máster (su nombre correcto sería "masters oficiales”), cabe pensar que pocos profesionales en activo van a poder permitirse compatibilizar su dedicación laboral con la realización de un programa de estas características, por lo que no es esperable que desaparezca la demanda de programas de postgrado de toda índole dirigidos exclusivamente a trabajadores de empresas e instituciones.

Parece evidente que, en el caso más que probable de que sea ésta finalmente la opción escogida, vamos a vivir una etapa de gran confusionismo en la que llamaremos por el mismo nombre a programas formativos radicalmente distinto. Un nombre, además, que el mercado viene reconociendo desde hace décadas, no sólo a nivel nacional sino también fuera de nuestras fronteras, como directamente relacionado con la especialización profesional del participante en las distintas etapas de su andadura profesional. Será pues clave para las instituciones, su capacidad para transmitir al mercado un mensaje diferenciado y suficientemente claro.

Pasada esta etapa, lo razonable es que el mercado se acostumbre a distinguir entre los másters oficiales impartidos por las universidades dentro de sus estudios reglados y los másters de especialización profesional, que seguirán siendo una necesidad para los profesionales de empresas e instituciones y que deberán seguir existiendo con un formato muy similar al actual.

Las universidades que, como la nuestra, han apostado por gestionar sus programas de postgrado a través de fundaciones u otros organismos especializados, estarán sin duda mejor preparadas para acometer con éxito el necesario proceso de adaptación. En Cataluña, la asociación de Escuelas de Negocios y Fundaciones Universitarias, For Q, puede desempeñar un papel clave en la estructuración y la coherencia de este proceso.
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