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Empleo y reformas en Europa y en España

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Los problemas del empleo, del crecimiento y el mantenimiento de los sistemas de protección social no son coyunturales, sino estructurales, y Europa no ha sabido darles la respuesta correcta.


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Las recomendaciones sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros, recientemente aprobadas por el Consejo Europeo, recogen en su práctica totalidad las conclusiones del Grupo Europeo de Empleo (presidido por el ex primer ministro holandés, Wim Kok), y tratan de alentar la aplicación de las políticas necesarias para alcanzar los objetivos de la cumbre de Lisboa (fundamentalmente, una tasa de ocupación de al menos el 70 por ciento, que es la que garantiza oportunidades de empleo para el conjunto de la población y la sostenibilidad de los sistemas de protección social).

Tales políticas deben dar prioridad a cuatro grandes líneas de actuación: aumentar la adaptabilidad de trabajadores y empresas; atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo; invertir más, y de forma más eficaz, en capital humano y en educación permanente; y garantizar una aplicación eficaz de las reformas y su buena gobernanza.

Defectos del sistema español
Para España, cuyo esfuerzo en creación de empleo y en reducción del desempleo en el periodo 1997-2002 se reconoce, se pone el acento en las disparidades regionales, en las bajas tasas de ocupación femenina y de los trabajadores de más edad, en la alta proporción de contratos temporales, en la baja productividad y en los déficits educativos. Y sobre la base de este diagnóstico se recomienda promover la modernización del trabajo, para potenciar la productividad y la calidad en el trabajo, revisar el marco regulador de contratos indefinidos y temporales para evitar la segmentación del mercado de trabajo, haciendo a la vez más atractivo el empleo a través de ETT y suprimiendo los obstáculos al trabajo a tiempo parcial; y aprovechar las posibilidades que ofrece la diferenciación salarial en función de la evolución de la productividad y de las condiciones locales, regionales y sectoriales.

Por otra parte, se recomiendan políticas activas de empleo que promuevan la ocupación femenina, el envejecimiento activo, la inserción laboral de los jóvenes, de los discapacitados y de los parados de larga duración, y que supriman obstáculos a la movilidad geográfica. Y, por último, se insta a reducir el abandono escolar y a garantizar la calidad y la pertinencia de la educación terciaria con respecto al mercado de trabajo, y a potenciar los incentivos al aprendizaje permanente para aumentar la participación laboral, en particular de las personas poco cualificadas.

Sin embargo, aunque todas estas medidas exigen la adopción de reformas, el "mensaje reformista" no es aún lo nítido y apremiante que debería ser. Y sólo con un decidido impulso a las reformas estructurales pueden alcanzarse los objetivos pretendidos. La timidez o la falta de dichas reformas, las resistencias en todo caso a las mismas, son las que explican la escasez de los avances en la consecución de Lisboa.

La estrategia europea de empleo, y las políticas nacionales, por regla general, se han fundado hasta ahora en medidas de naturaleza coyuntural, mientras que los problemas del empleo (el crecimiento y el mantenimiento de los sistemas de protección social) no son coyunturales sino estructurales. Se ha tratado de dar respuestas meramente coyunturales a problemas que son de naturaleza estructural.

El cambio de la economía, marcado por la globalización y las nuevas condiciones de la competencia internacional; la nueva realidad del mercado de trabajo, por una parte con una oferta casi ilimitada a nivel global de trabajo poco cualificado, que impulsa la deslocalización, y por otra, con una continua aplicación de los avances de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, que permiten en todo caso ahorros de trabajo muy importantes; la 'bomba demográfica' que ya nos ha estallado, con una población europea que envejece y disminuye (pasaremos de los actuales 303 millones de personas en edad de trabajar a 280 millones en 2030), son factores que, junto con otros, hacen que el problema del crecimiento y del empleo en Europa sea un problema estructural.

Y las respuestas, por tanto, deben ser estructurales, con una apuesta decidida por la liberalización de los mercados y la estabilidad presupuestaria, y también, con un claro propósito de reforma de los marcos normativos de las actividades empresariales y en particular de las relaciones laborales. Reforma inspirada por la necesidad de introducir mucha más flexibilidad. La seguridad y la calidad en el empleo deben, qué duda cabe, cuidarse, pero Europa no tiene un problema acuciante de seguridad y calidad del empleo. Tiene un problema de flexibilidad de atención prioritaria.

Y en España el problema se agrava. Necesitamos afrontar una renovación completa del marco regulador de las relaciones laborales y de la negociación colectiva. Sólo un marco regulador mucho más flexible, con un papel sindical centrado sobre todo en el gobierno (conjunto) de las exigencias de la flexibilidad, permitirá la modernización de la organización del trabajo, el aumento de la productividad y el crecimiento económico y del empleo, que son la garantía del progreso y de la cohesión social.
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